Tolosa Paz cuestionó la baja de la imputabilidad y denunció “marketing punitivo”

En el debate por la Reforma Penal Juvenil, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo para reducir la edad de imputabilidad. La legisladora de Unión por la Patria advirtió que la iniciativa parte de una consigna que consideró “inconstitucional”, en referencia a la frase “delito de adulto, pena de adulto”, atribuida a Patricia Bullrich. Según planteó, el abordaje oficial desconoce estándares internacionales que establecen que niños y adolescentes deben recibir un tratamiento diferenciado, acorde a su desarrollo físico y psicológico.

Durante su intervención, Tolosa Paz citó observaciones de organismos internacionales que alertan sobre las consecuencias del ingreso temprano al sistema penal. En ese sentido, sostuvo que el contacto precoz con estructuras carcelarias “perjudica sus posibilidades de convertirse en adultos responsables” y remarcó que la privación de la libertad debe aplicarse como última instancia. Para la diputada, la respuesta no puede limitarse al endurecimiento de penas, sino que requiere un enfoque integral basado en derechos.

La referente opositora también criticó que el Gobierno proponga como solución “cárcel y bala” en un escenario que, según describió, está atravesado por el debilitamiento de políticas públicas vinculadas a niñez, educación y salud. En contraposición, defendió el dictamen de su bloque, que establece la punibilidad entre los 16 y los 18 años, con un tope de diez años de prisión para delitos graves, bajo criterios de proporcionalidad y progresividad. Además, contempla un sistema especializado que garantice defensa adecuada, resguardo de derechos y espacios diferenciados respecto de los adultos.

Otro de los ejes de su exposición fue la situación de los adolescentes no punibles. Tolosa Paz reclamó una respuesta estatal integral frente a los delitos cometidos por menores que no alcanzan la edad de responsabilidad penal. Propuso fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos, asegurar la plena implementación de la ley de salud mental y prever medidas excepcionales de restricción de la libertad únicamente en casos de extrema gravedad, con control judicial y plazos determinados.

Finalmente, la diputada acusó al oficialismo de modificar la edad de imputabilidad “como si fuera un juego de cartas” y sostuvo que el proyecto “no resuelve la conflictividad adolescente”. En esa línea, llamó a debatir la Reforma Penal Juvenil con “más seriedad y menos slogans”, al considerar que se trata de una discusión estructural que requiere políticas públicas sostenidas y no, según sus palabras, estrategias de “marketing punitivo”.