Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil, será alojada en una cárcel común

La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presuntos actos racistas durante sus vacaciones en Río de Janeiro, se endureció en las últimas horas: la joven será alojada en una cárcel común mientras avanza el proceso en su contra. La medida implica un cambio significativo respecto de las restricciones previas, ya que hasta ahora permanecía bajo vigilancia electrónica y con prohibición de salir del país. El caso genera fuerte repercusión tanto en Argentina como en Brasil por la severidad de la legislación local sobre delitos vinculados a la discriminación racial.

Según informó C5N, Páez está imputada por injuria racial, una figura que en Brasil se equipara al racismo y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. La causa quedó en manos del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del expediente. Desde la fiscalía justificaron el endurecimiento de las medidas al afirmar: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“.

El contexto personal de la joven también se tornó más complejo tras un episodio de inseguridad en el departamento donde residía temporalmente. Según trascendió, tres personas ingresaron al inmueble, situación que la obligó a mudarse por precaución. Su familia manifestó gran preocupación por su estado emocional. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez, al describir el temor que atraviesa su hija.

Desde el entorno de la abogada sostienen que la detención resulta desproporcionada, ya que había cumplido con todas las condiciones impuestas por la Justicia, incluida la tobillera electrónica y la permanencia obligatoria en Brasil. Su defensor, Sebastián Robles, cuestionó la decisión y remarcó: “Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”.

El letrado además advirtió sobre un posible exceso en la aplicación de las medidas: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”. Mientras tanto, la Embajada argentina le brinda asistencia legal y el caso continúa bajo análisis, en un escenario donde el peso cultural y judicial de los delitos de racismo en Brasil podría convertirlo en un antecedente relevante.