Fraude en el PAMI: piden elevar a juicio una causa por más de 600 recetas electrónicas falsas
La Justicia Federal de Rafaela avanza en una causa por fraude contra el PAMI que habría provocado un perjuicio económico millonario al Estado. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio de un médico de 72 años y una farmacéutica, acusados de montar un esquema de emisión de recetas electrónicas apócrifas para simular la entrega de medicamentos a jubilados. El pedido fue presentado ante el juez subrogante Aurelio Cuello Murúa, en el marco de una investigación que se originó tras auditorías internas del organismo.
De acuerdo con el expediente difundido por Infobae, los imputados habrían generado 636 prescripciones falsas a nombre de 78 afiliados que no pertenecían a la cápita del profesional. Las órdenes médicas se cargaban digitalmente desde equipos ubicados en la farmacia, lo que pudo comprobarse mediante el rastreo de direcciones IP asociadas al comercio. Para los investigadores, la farmacéutica actuó como autora del fraude al facturar prestaciones inexistentes, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario por facilitar su usuario y contraseña del sistema de receta electrónica.
El caso se destapó luego de que una afiliada detectara medicamentos registrados a su nombre que jamás había solicitado. A partir de esa advertencia, la Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados al PAMI (UFI-PAMI) comenzó a cruzar datos y entrevistar a otros jubilados, quienes también desconocieron tanto al profesional como las supuestas atenciones médicas. Con autorización judicial, se realizaron allanamientos en la farmacia, donde se secuestraron ocho computadoras. Los peritajes informáticos reforzaron la hipótesis de una maniobra coordinada para facturar tratamientos inexistentes.
En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó una falta de mérito dictada inicialmente y consideró acreditada, con el grado de probabilidad requerido, la existencia de un esquema sistemático para generar gastos indebidos al Estado. Con ese respaldo, el juez procesó a ambos imputados por defraudación contra la administración pública, sin prisión preventiva, habilitando ahora la instancia de juicio oral. El PAMI, además, aplicó sanciones administrativas y continúa cuantificando el impacto económico total.
Este expediente se inscribe en un contexto más amplio de auditorías y controles reforzados dentro del organismo, que detectaron prácticas irregulares como recetas electrónicas falsas, facturación de prestaciones no realizadas y uso indebido de datos de afiliados. Las autoridades, encabezadas por el director ejecutivo Esteban Leguízamo, impulsaron denuncias penales y nuevas medidas de supervisión, como monitoreo digital, turnero obligatorio y centralización de compras, con el objetivo de mejorar la transparencia y garantizar que los recursos lleguen a los jubilados.