La SIGEN detectó irregularidades en Corredores Viales y pérdidas por más de $30 mil millones
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expuso severas fallas administrativas y un fuerte rojo financiero en Corredores Viales S.A., la empresa estatal que gestiona cerca de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El relevamiento oficial reveló que durante 2022, en plena gestión de Alberto Fernández, la compañía acumuló pérdidas superiores a $30.000 millones, en un marco de controles internos débiles, desorden operativo y una estructura sobredimensionada. Tras conocerse los resultados, el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal, dispuso la intervención de la sociedad y puso en marcha su privatización.
Acorde a lo reportado por Infobae, Corredores Viales había sido creada en 2017, bajo la administración de Mauricio Macri, como una alternativa a la Dirección Nacional de Vialidad para operar corredores estratégicos mediante el sistema de peajes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el organismo se convirtió, según los propios documentos oficiales, en una entidad costosa, poco transparente y con déficit crónico. Actualmente administra unos 5.900 kilómetros de rutas en distintas provincias y contaba con 4.097 empleados al cierre de 2022, con participación accionaria del Ministerio de Obras Públicas (51%) y de Vialidad Nacional (49%).
El balance económico encendió las alarmas. Ese año la empresa registró una pérdida neta de $30.047.931.000, más del doble del déficit de 2021, que había sido de $12.852 millones. Esto ocurrió pese a que el tránsito por las 42 estaciones de peaje creció un 17,2% interanual, con casi 196 millones de vehículos. No obstante, los ingresos bajaron 7% debido al atraso tarifario y a costos operativos que superaron ampliamente la facturación, dejando un margen bruto negativo del 49%. Para sostener la operación, el Tesoro debió transferir $14.619 millones en concepto de gastos corrientes y obras.
Las auditorías de la SIGEN también detectaron problemas estructurales en áreas clave como compras y contrataciones, recaudación, pagos, recursos humanos, sistemas informáticos, inventarios y viáticos. En total, se realizaron al menos siete informes que advirtieron “debilidades en el sistema de control interno”. Uno de ellos motivó la intervención del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N.° 12, a cargo de Ariel Lijo, que investiga presuntas irregularidades. Además, se señalaron erogaciones por más de $128 millones ligadas a la ex concesionaria AEC S.A. y demoras en la modernización del sistema de peajes. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, su director Jorge Zatloukal fue contundente: “Es una empresa cara e ineficiente. El 70% de la red vial está en condiciones pésimas, existe opacidad y una planta de personal sin funciones claras y sobredimensionada. Es una estructura paralela a Vialidad Nacional”. Y agregó: “Se debe volver a las buenas prácticas que supo tener Vialidad Nacional, que construía y mantenía rutas con los recursos del impuesto a los combustibles. El esquema de peajes es inviable si solo sirve para cortar el pasto. Sin rutas libres, no hay libertad”.
Ante este escenario, el Ejecutivo avanzó con medidas drásticas. En abril de 2025, Milei ordenó la intervención de la empresa y designó a Anastasia María Adem para auditar su situación financiera y operativa. Previamente, el Decreto 97/2025 habilitó el proceso de privatización total, que contempla concesionar los corredores mediante contratos de obra pública por peaje y, finalmente, disolver la sociedad estatal. El plan, alineado con la Ley Bases, apunta a reducir el peso del Estado, atraer capital privado y mejorar la infraestructura vial con menor costo fiscal. Mientras continúan las investigaciones judiciales, Corredores Viales se convirtió en un caso emblemático de las deficiencias de gestión que el Gobierno busca revertir.