Baja de la edad de imputabilidad: el Gobierno espera conseguir media sanción en extraordinarias
El Gobierno nacional acelera el debate por la baja de la edad de imputabilidad y apuesta a obtener la media sanción de la nueva Ley Penal Juvenil durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En la Casa Rosada consideran que el tratamiento podría extenderse por los tiempos legislativos y por la agenda política prioritaria de febrero, aunque mantienen la intención de instalar el tema cuanto antes. El objetivo oficial es reemplazar la normativa vigente desde 1980 por un esquema moderno de responsabilidad penal para menores.
Según lo informado por TN, la estrategia parlamentaria se enmarca en un paquete de reformas más amplio. El Ejecutivo planea utilizar todas las herramientas de negociación para asegurar la aprobación de la reforma laboral y encadenarla con cambios impositivos. “No hay una sin otra. La idea es que la baja de impuestos sea escalonada”, sostienen fuentes oficiales. En ese contexto, el Senado fue convocado para el 12 de febrero para tratar modificaciones laborales y otros proyectos, mientras que Diputados podría discutir el nuevo régimen juvenil junto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Desde Balcarce 50 también analizan sumar iniciativas adicionales a extraordinarias, como la Ley de Emergencia Ígnea solicitada por gobernadores patagónicos tras los incendios forestales. Sin embargo, admiten que avanzarán “con lo que se pueda en base a los tiempos acotados”. La inclusión formal del proyecto para reducir la edad de imputabilidad se dio por decreto y se vincula al impacto social del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, un caso que reavivó la discusión pública sobre la responsabilidad penal de menores.
El punto más delicado del debate es el límite etario. El texto que impulsa el Gobierno propone fijarlo en 13 años, aunque en comisiones durante 2025 se había consensuado un piso de 14 tras acuerdos con el PRO, la UCR y bloques provinciales. Incluso dentro del oficialismo hay posturas divergentes: algunos sostienen que la edad “debe estar abajo de los 13”, mientras que otros prefieren negociar para garantizar los votos necesarios. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue más allá y planteó que “debería ser de 12 años“.
Según explican en el Ejecutivo, la propuesta fue elaborada junto a jueces y fiscales e incorpora herramientas como sanciones alternativas, mayor control judicial y dispositivos de seguimiento para evitar que los adolescentes imputados queden sin supervisión. Con este rediseño del sistema, el Gobierno busca mostrar una política más estricta frente al delito juvenil y lograr consensos que permitan avanzar con la reforma en el inicio del calendario legislativo.