Reforma laboral: Llaryora y Pullaro condicionan su apoyo y el proyecto entra en etapa de definiciones

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional atraviesa un momento clave en el Congreso y suma nuevas tensiones políticas tras el posicionamiento de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes de trabajo, pero advirtieron que no acompañarán una iniciativa que afecte los ingresos fiscales de sus provincias. Mientras tanto, la Casa Rosada acelera negociaciones para reunir los votos necesarios y avanzar con el debate en el Senado.

Según reportó Infobae, el encuentro entre ambos mandatarios en Córdoba funcionó como un mensaje directo al Ejecutivo. Si bien respaldaron una actualización del marco normativo para adaptarlo a los cambios tecnológicos y reducir la litigiosidad laboral que golpea a las pymes, dejaron en claro que rechazarán cualquier recorte que impacte en la coparticipación. El oficialismo apunta a tratar el proyecto el 11 de febrero, en un escenario de apoyos parciales y negociaciones abiertas con las provincias dialoguistas.

Entre los principales cuestionamientos aparece la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, según los gobernadores, podría resentir los recursos provinciales. De acuerdo con la NA, informes técnicos estiman que la reforma, tal como está redactada, podría afectar más de $3,1 billones de la masa coparticipable. Pullaro subrayó el perfil productivo del interior y afirmó: “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, mientras que Llaryora anticipó que sus legisladores revisarán el texto artículo por artículo.

En paralelo, el Gobierno nacional sumó respaldos. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con mandatarios provinciales y logró que Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Alberto Weretilneck manifestaran predisposición a acompañar el tratamiento de la ley. Según un comunicado oficial, coincidieron en que la modernización laboral es “clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

De cara a las sesiones extraordinarias convocadas entre el 2 y el 27 de febrero, el oficialismo también intensificó el trabajo técnico con senadores aliados y cámaras empresariales como la CAME, la UIA, la CAC y Camima. El objetivo es llegar al recinto con consensos que garanticen la aprobación. Sin embargo, la postura de Llaryora y Pullaro refleja el clima dominante: apoyo condicionado y reclamos fiscales que podrían forzar cambios en el proyecto antes de su votación definitiva, en una negociación que será determinante para el futuro de la reforma laboral en la Argentina.