El Gobierno sostiene que aplica por “goteo” la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Casa Rosada confirmó que implementa de manera gradual la Ley de Emergencia en Discapacidad, transfiriendo fondos mínimos mes a mes, mientras diseña una estrategia legislativa para modificar la norma y limitar su costo presupuestario. Según sostienen desde el Ejecutivo, el objetivo es cumplir con los requisitos legales básicos y evitar sanciones judiciales, sin comprometer el equilibrio fiscal que plantea el Gobierno para los próximos años.
Acorde a lo informado por TN, puertas adentro, en Balcarce 50 reconocen que realizan erogaciones parciales para no quedar en infracción tras la intimación de la Justicia, que exige la aplicación de la ley desde el 4 de febrero y la rendición de cuentas sobre su ejecución. Sin embargo, aclaran que no contemplan incorporar el gasto total anual dentro del Presupuesto vigente. De acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso, la aplicación plena de la normativa implicaría un costo de entre 0,28% y 0,51% del PBI, una cifra que, según los equipos técnicos del oficialismo, podría empujar al Presupuesto 2026 hacia el déficit.
Ante este escenario, el Gobierno trabaja en una contrapropuesta para enviar al Congreso durante las sesiones ordinarias de marzo. El nuevo esquema mantendría la declaración de emergencia, pero redefiniría los beneficios para hacerlos más sostenibles. Entre los cambios previstos, se plantea fijar la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y permitir su compatibilidad con empleo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. También contempla una compensación retroactiva para prestadores y una actualización trimestral de aranceles a cargo de Salud y la ANDIS, con referencia al IPC en caso de demoras.
El proyecto oficial además incorpora modificaciones en la Ley de Financiamiento Universitario. Para las casas de estudio, propone una actualización automática acotada: un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento respecto de 2025 y una recomposición salarial escalonada, con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026. La intención es negociar este paquete junto con gobernadores aliados y sumar apoyos parlamentarios. “Si quieren que nos pongamos de acuerdo, que nos voten a favor en Discapacidad y Universidades”, deslizan desde el oficialismo.
Mientras tanto, el frente judicial sigue abierto. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, otorgó un plazo de dos semanas para que el Ejecutivo implemente efectivamente la ley y acredite su cumplimiento, pese a que la apelación de la Procuración General del Tesoro aún tramita en la Cámara Federal de San Martín. Así, el Gobierno avanza con una aplicación “por goteo” de la Emergencia en Discapacidad, al tiempo que prepara una ofensiva política para rediseñar su alcance y reducir el impacto en las cuentas públicas.