El Gobierno decidió posponer el debate del nuevo Código Penal: los motivos
El Gobierno nacional decidió posponer el tratamiento del nuevo Código Penal y de la baja de la edad de imputabilidad, dos iniciativas que habían sido impulsadas sin éxito durante 2025. Tras la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal a fines del año pasado, el oficialismo priorizará en las sesiones extraordinarias la reforma laboral y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque ya proyecta retomar estos debates en los próximos meses, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso.
Acorde a lo informado por el medio Infobae, ambas propuestas volverán a ser presentadas de manera conjunta en un proyecto amplio. El nuevo Código Penal había sido incluido en el temario de extraordinarias de diciembre, pero no se trató por falta de consenso político, mientras que la iniciativa para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025, aunque nunca llegó al recinto. Ese proyecto contemplaba una pena máxima de 15 años y su aplicación solo para delitos graves, con prioridad en sanciones alternativas como tareas comunitarias o medidas de reparación.
Desde el Ejecutivo explican que el objetivo es avanzar hacia un régimen penal juvenil integral. “Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, señaló uno de los autores de la iniciativa. De este modo, la reducción de la edad de imputabilidad quedaría incorporada dentro del nuevo Código Penal, algo que no estaba previsto en la versión original.
El texto del Código fue elaborado por una comisión especial creada a comienzos de 2024, integrada por expertos como el juez de Casación Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, quien encabezó el grupo. La primera versión contaba con 540 artículos, pero el trabajo continuó hasta alcanzar un total de 912. El proyecto definitivo fue presentado en diciembre durante una conferencia encabezada por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Patricia Bullrich, en el cierre de su gestión como ministra de Seguridad.
Entre los cambios centrales, la propuesta mantiene la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad e incorpora otros crímenes graves como homicidios, abusos sexuales, grooming, trata de personas, terrorismo y narcotráfico. También suma nuevas figuras penales, como la criminalidad ambiental y el delito de motochorros, y refuerza las penas en casos de corrupción y financiamiento del terrorismo. En paralelo, el debate se da en un contexto ideológico marcado por el pensamiento libertario del presidente Javier Milei, quien promueve el principio de no agresión como eje conceptual, una mirada que convive con el endurecimiento penal que plantea el proyecto.