El DNU de la SIDE, bajo la lupa del Congreso: la oposición evalúa si logra rechazarlo

El decreto de necesidad y urgencia 941/25, enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso, se transformó en el primer foco de conflicto político del año legislativo. La iniciativa impulsa una reforma profunda de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y propone modificaciones estructurales a la Ley de Inteligencia Nacional, lo que despertó cuestionamientos inmediatos en sectores opositores que ya analizan la viabilidad de un rechazo parlamentario.

El Poder Ejecutivo remitió el decreto en el límite de los plazos legales, exactamente en el décimo día hábil posterior a su firma, realizada el último día de 2025. De haberse excedido ese período, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo habría quedado habilitada para intervenir de oficio. Ahora, la Bicameral tiene tiempo hasta el 29 de enero para emitir dictamen, aunque todavía no fue formalmente constituida.

El trámite parlamentario del DNU no requiere la convocatoria a sesiones extraordinarias, ya que la comisión encargada de analizar este tipo de normas funciona de manera permanente. Desde el viernes 16 de enero corre el plazo de diez días hábiles para que la Bicameral se expida. Si ese dictamen no se concreta, el vencimiento del 29 de enero habilitará, a partir de febrero, el tratamiento directo del decreto en cualquiera de las dos cámaras del Congreso.

En el oficialismo recuerdan que uno de los pocos antecedentes de rechazo de un DNU desde el regreso de la democracia también estuvo vinculado a la SIDE. En aquel caso, un decreto que buscaba ampliar los fondos reservados fue desestimado por el Congreso luego de que la oposición dejara vencer los plazos en comisión y avanzara directamente en el recinto, una estrategia que ahora vuelve a estar sobre la mesa.

En cuanto al escenario político, la oposición afila el lápiz. Unión por la Patria cuenta con 93 diputados, a los que se suman los cuatro votos de la izquierda y los 22 legisladores del interbloque Unidos, de gobernadores de Provincias Unidas, que ya manifestaron reparos al decreto. Ese núcleo duro alcanzaría unos 119 votos. Para lograr quórum y garantizar el rechazo, necesitarían al menos diez adhesiones adicionales, que podrían provenir de monobloques como los de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge “Gato” Fernández. Sin embargo, si el PRO, la UCR y los aliados provinciales del oficialismo mantienen disciplina, el rechazo del DNU aparece como una meta compleja.