El Gobierno prorrogó la conciliación obligatoria y evita paros de controladores aéreos por cinco días más

El Gobierno nacional resolvió extender por otros cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y tendrá vigencia hasta el 26 de enero a las 8, período durante el cual quedan suspendidas todas las medidas de fuerza gremiales que puedan afectar el normal funcionamiento de los vuelos.

La prórroga mantiene vigente la prohibición de paros, asambleas, suspensiones de tareas o cualquier acción sindical que impacte en las operaciones aéreas. En paralelo, el organismo laboral convocó a una nueva audiencia de negociación para el viernes 23 de enero a las 11, con el objetivo de continuar el diálogo entre las partes y evitar consecuencias sobre los pasajeros y el sistema aeroportuario, especialmente en un contexto de alta demanda.

Desde el punto de vista normativo, los servicios de navegación aérea son considerados esenciales, lo que impone límites estrictos a las medidas de fuerza. La legislación establece que el sindicato debe notificar cualquier acción gremial con al menos cinco días de anticipación y que la afectación no puede superar el 45% de las operaciones totales. Durante la conciliación obligatoria, estas medidas quedan directamente vedadas para garantizar la continuidad del servicio.

El conflicto se enmarca en reclamos laborales planteados por ATEPSA, mientras que EANA manifestó la necesidad de contar con más tiempo para avanzar en una solución consensuada. Al extender el plazo, la Secretaría de Trabajo ratificó las condiciones vigentes del proceso conciliatorio y subrayó la importancia de preservar la estabilidad del sistema aeronáutico y evitar perjuicios a los usuarios.

La nueva instancia de diálogo prevista para el 23 de enero será clave para evaluar avances y posibles acuerdos. Tanto el Gobierno como la empresa reiteraron su disposición a sostener la negociación colectiva y evitar interrupciones en los servicios. En ese marco, la conciliación obligatoria se consolida como una herramienta para equilibrar los intereses gremiales con la necesidad de garantizar la normal operación del transporte aéreo en todo el país.