Reforma laboral: qué cambios está dispuesto a negociar el Gobierno
La reforma laboral impulsada por el Gobierno entrará en una etapa clave la próxima semana, cuando comiencen formalmente las negociaciones en el Senado para introducir modificaciones que permitan destrabar su aprobación. En paralelo, la CGT decidió intensificar la presión política y sindical: en un plazo de 15 días, sus máximos referentes iniciarán una gira por distintas provincias con el objetivo de convencer a los gobernadores de frenar la versión más dura del proyecto oficial.
La estrategia fue definida por los cotitulares de la central obrera, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, quienes ya delinearon un recorrido inicial por Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, para luego viajar a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La intención es contrarrestar la ofensiva del Ejecutivo, que envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a realizar gestiones similares. Desde la CGT advierten que el texto actual incluye puntos que consideran inaceptables, especialmente por su impacto en los recursos provinciales.
Uno de los ejes centrales del reclamo sindical está vinculado al capítulo impositivo de la reforma laboral del presidente Javier Milei. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que los cambios en el Impuesto a las Ganancias implican un costo fiscal anual del 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones.
Mientras tanto, el viernes 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, coordinada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich. Allí se evaluarán posibles cambios junto a representantes de la CGT, con la expectativa de emitir un nuevo dictamen consensuado a partir del 26 de enero. Entre los puntos en discusión, el Gobierno no cedería en eliminar la obligatoriedad de que los empleadores retengan la cuota sindical y sostiene: “Quedó muy a tono con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no está bien que un actor social tenga que trabajar para otro, como sucede en este caso si los empleadores tienen que ser los que retengan y giren los fondos de las cuotas sindicales”, según indicó Infobae.
Sin embargo, el oficialismo sí aceptaría flexibilizar otros aspectos sensibles, como las cuotas solidarias, la reglamentación del derecho de huelga en sectores clave y la eliminación de artículos que incentivan la creación de sindicatos por empresa. Persisten fuertes diferencias en temas como el Fondo de Asistencia Laboral, las limitaciones a la actividad gremial y la reducción de aportes a las obras sociales. En ese punto, la CGT advierte que “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral”. Con negociaciones abiertas y presiones cruzadas, se avecinan semanas decisivas para el futuro de la reforma laboral.