Allanaron al director del Servicio Penitenciario por presuntas irregularidades
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) quedó envuelto en una grave investigación judicial luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenara el allanamiento de las oficinas de Fernando Julián Martínez, actual director del organismo. El procedimiento se realizó el último viernes y apunta a posibles conexiones entre el funcionario y la empresa encargada de la alimentación en el penal de Ezeiza, sospechada de suministrar comida en condiciones deficientes a las personas privadas de la libertad.
Según reportó Infobae, la situación se tornó tensa cuando Martínez entregó a la Justicia un teléfono antiguo en desuso en lugar de su celular habitual. Al advertir la maniobra, los funcionarios judiciales le exigieron el dispositivo correcto, pero el director del SPF afirmó que lo había “extraviado” ese mismo día. Ante esta respuesta, Villena ordenó rastrear la última señal del aparato, que registró actividad una hora antes del allanamiento, cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, deslizó una fuente a Infobae vinculada a la investigación.
El magistrado avanzó con la medida en una jornada clave, ya que ese mismo día se resolvía la licitación del servicio de comidas en la Unidad Penal de Ezeiza, que volvió a quedar en manos de la empresa Bio Limp. Villena ya había intervenido años atrás por denuncias de alimentos en mal estado y había excluido a la firma Foodrush de futuras contrataciones, tras peritajes de ANMAT que confirmaron contaminación y niveles elevados de Escherichia coli. Incluso, el propio juez relató a su entorno que se descompuso tras probar la comida durante una inspección en el penal.
Pese a la sanción, Foodrush reapareció indirectamente en una nueva licitación junto a Bio Limp, que no tenía antecedentes en el rubro alimenticio. Con el reinicio de los reclamos de los detenidos, el juez reabrió la causa bajo la figura de “Envenenamiento” y detectó que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían a Foodrush. Además, se hallaron empleados compartidos y facturas entre ambas firmas por alrededor de 150 millones de pesos, lo que reforzó la hipótesis de una cartelización del servicio con presunta connivencia de autoridades penitenciarias.
A partir de estas pruebas, Villena ordenó allanamientos a directivos del penal y al propio Martínez, al considerar que el SPF no podía desconocer la maniobra. Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de las actuaciones por supuestas irregularidades procesales. Desde el entorno del juez sostienen que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez”, y remarcan la gravedad institucional del caso. Villena, que evitó declaraciones públicas, confirmó que informó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le brindó su respaldo para avanzar con la investigación.