El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
En un contexto de fuerte conflicto político en el Congreso, el Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenó ejecutar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país. La decisión fue tomada luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declarara inválido un artículo del decreto presidencial que había suspendido la aplicación de la norma sancionada el año pasado por impulso de la oposición.
La apelación fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación por considerar que la resolución “causa agravio al Estado Nacional”. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Comadira. El magistrado concedió el recurso “con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo seguirá vigente mientras la Cámara Federal de San Martín analiza el caso, y otorgó un plazo de cinco días para que el Estado fundamente su apelación.
El fallo cuestionado declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad por supuesta falta de financiamiento. González Charvay ordenó su “inmediata aplicación” y advirtió que la medida implicaba una violación del sistema republicano, al subordinar una decisión del Congreso a una reglamentación de menor jerarquía. Además, rechazó el argumento presupuestario y sostuvo que la justificación era engañosa, ya que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.
En sus fundamentos, el juez afirmó que la suspensión de la norma constituye “un caso de clara discriminación a personas con discapacidad”, afectando también a niños y adultos mayores en situación de doble vulnerabilidad. Según el magistrado, aceptar la postura oficial implicaría validar un “uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN”, en contradicción con los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
La resolución también remarcó la gravedad de la crisis que atraviesa el sector, al señalar una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que impacta en la calidad y continuidad de las prestaciones de salud. González Charvay invocó el principio de no regresividad y concluyó que la promesa de incluir fondos en el Presupuesto 2026 no resuelve la emergencia actual, por lo que “se impone una protección reforzada y la adopción de acciones positivas” de manera inmediata para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.