La UBA declaró la emergencia presupuestaria y pidió medidas urgentes ante la crisis salarial

La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la emergencia presupuestaria y la emergencia salarial de sus trabajadores ante el deterioro de los recursos asignados y la fuerte pérdida del poder adquisitivo. La medida fue adoptada por el Consejo Superior, que advirtió sobre la gravedad de la situación financiera que atraviesa la institución y sus consecuencias sobre el funcionamiento académico, científico y sanitario.

En ese marco, la UBA solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y la aprobación de una alternativa que garantice un financiamiento acorde a las necesidades reales de las Universidades Nacionales. Además, reclamó la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso, y rechazó de manera explícita cualquier intento de derogación de esa norma clave para el sistema educativo superior.

El Consejo Superior recordó que la casa de estudios ya había declarado la emergencia presupuestaria y reiteró la emergencia salarial de su personal docente y nodocente “debido a la desactualización de las partidas asignadas y a la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, que supera el 45% en comparación con diciembre de 2023. Esta situación, señalaron, se ve agravada por las proyecciones oficiales para el próximo año.

“El insuficiente aumento nominal para gastos de funcionamiento y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026, profundizan el ahogo presupuestario y ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales”, señalaron desde el máximo órgano de gobierno de la UBA, al tiempo que alertaron por el impacto estructural que podría tener el ajuste.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la universidad también advirtió que el Presupuesto 2026 contempla “un brutal recorte” para los hospitales universitarios, que recibirían un 30% menos de fondos que en 2025. De concretarse esta reducción, se verían afectadas instituciones estratégicas para la salud pública como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari, que en conjunto atienden a más de medio millón de pacientes por año.