Argentina ganó tiempo en el juicio por YPF en EE.UU.

En un giro clave en la disputa legal por la expropiación de YPF, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender provisoriamente el fallo de la jueza Loretta Preska. La orden judicial, dictada el 30 de junio, obligaba a la Argentina a entregar el 51% del capital accionario de la petrolera estatal a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.

El tribunal concedió una “suspensión administrativa temporal”, lo que permite que ambas partes presenten sus argumentos mientras se analiza si se mantendrá el freno durante el proceso de apelación. Esta maniobra representa un alivio inmediato para el Gobierno, que podría extender el litigio hasta 2026.

Según el cronograma judicial, los demandantes deberán responder a la solicitud de suspensión el jueves 17 de julio, y la defensa argentina tiene plazo hasta el martes 22. Después de esas presentaciones, un panel de tres jueces resolverá el pedido, sin una fecha establecida para emitir su fallo.

Desde la Procuración del Tesoro, dirigida por Rodolfo Barra, celebraron la medida y aseguraron que ya no rige el plazo de 72 horas que había impuesto Preska. También remarcaron que el país ya no corre riesgo de incurrir en desacato judicial.

El Gobierno, además de apelar el pago millonario, sostiene que la decisión de Preska contradice la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios del derecho internacional. Subraya que los bienes públicos gozan de protección soberana y que parte del paquete accionario está en manos de provincias productoras de hidrocarburos.

La causa, iniciada tras la estatización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, expone a la Argentina a un fallo millonario. Burford adquirió los derechos de litigio por solo 15 millones de dólares y ahora lidera una de las demandas más costosas que enfrenta el país a nivel internacional.

Pese al alivio transitorio, el escenario judicial continúa abierto. Si no prospera la suspensión definitiva, la orden de Preska volvería a entrar en vigor. La estrategia oficial apunta a extender los plazos, agotar instancias y escalar el caso a la Corte Suprema de EE.UU. si fuera necesario.