El Senado de EE.UU. denunció fallos del Servicio Secreto a un año del atentado contra Trump

A un año del atentado contra Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania, el Senado de Estados Unidos emitió un contundente informe en el que denuncia “fallas inexcusables” por parte del Servicio Secreto. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, liderado por una mayoría republicana, señaló que las sanciones aplicadas hasta ahora “no reflejan la gravedad de la situación”, y pidió medidas más estrictas contra los responsables del operativo fallido.

El 13 de julio de 2024, Trump, entonces candidato republicano a la presidencia, fue víctima de un intento de asesinato cuando un francotirador disparó durante un mitin. El ataque dejó a Trump con una herida en la oreja derecha, provocó la muerte de un asistente y dejó otros dos heridos. El tirador, Thomas Crooks, de 20 años, fue abatido en el lugar por las fuerzas de seguridad. El informe presentado no ahonda en las motivaciones del atacante, pero sí hace foco en los errores de prevención.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos no actuó sobre la base de información de inteligencia creíble, no se coordinó con las fuerzas del orden locales”, afirmó el senador Rand Paul, presidente del comité. Además, calificó el atentado como “una cascada de fallos evitables que casi le cuestan la vida al presidente Trump”. El informe destaca la falta de previsión y reacción ante una amenaza inminente, lo que expuso al entonces candidato a un riesgo extremo.

La investigación también cuestionó duramente la gestión interna del Servicio Secreto. “A pesar de esos fallos, nadie ha sido despedido (...) Fue un colapso total de la seguridad a todos los niveles, alimentado por la indiferencia burocrática”, sentenció el documento. Esta crítica pone en evidencia una profunda preocupación por la eficacia del organismo encargado de proteger a las máximas figuras políticas del país.

Como respuesta a la crisis, el Servicio Secreto informó que seis de sus agentes fueron sancionados con suspensiones de entre 10 y 42 días sin goce de sueldo, además de ser trasladados a cargos no operativos. Sin embargo, desde el Senado aseguran que estas medidas no son suficientes para reflejar la gravedad del atentado y exigen una reestructuración profunda en los protocolos de seguridad para evitar hechos similares en el futuro.