La Justicia de EE.UU. ordenó a Argentina ceder el 51% de YPF a Burford

La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, dictó un fallo que sacude a la Argentina: ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del litigio por la expropiación de 2012. La decisión responde al pedido del fondo Burford Capital, principal beneficiario de la demanda, que había solicitado la transferencia como forma de cobro de la indemnización, estimada en más de USD 16.000 millones.

Desde YPF aseguran que sin intervención del Congreso, la transferencia es inviable. Según sostienen, cualquier modificación en la composición accionaria de la empresa requiere la aprobación legislativa mediante una ley. No obstante, Preska dictaminó que las acciones clase D deben ser trasladadas a una cuenta en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días.

El Gobierno argentino aún puede apelar el fallo, aunque las apelaciones anteriores no han prosperado. La decisión judicial ya repercutió en los mercados: las acciones de YPF en Wall Street cayeron hasta un 8%, mientras que en la bolsa local bajaron un 6%. Los bonos soberanos también se vieron afectados, arrastrando al índice Merval con una caída del 3%.

Burford había adquirido los derechos para litigar esta causa hace una década y viene ejerciendo presión para alcanzar un acuerdo. En abril de este año, solicitó embargos y control accionario como parte de una estrategia que desde el entorno de la defensa argentina califican como coercitiva. La orden judicial refuerza esta postura, aunque todavía podría ser suspendida en segunda instancia.

El fallo fue cuestionado incluso por el Departamento de Justicia de EE.UU., que en 2023 presentó un escrito oponiéndose a la medida. Afirmó que obligar a un Estado soberano a ceder activos bajo su jurisdicción violaría normas internacionales de inmunidad. De todas formas, Preska desoyó esta advertencia y avanzó con la resolución.

"Desde hoy, YPF debe convivir con el fantasma de que su dueño ya no sea el Estado, sino un fondo buitre", advirtió el analista Sebastián Maril, quien además sugirió que el Gobierno argentino deberá iniciar una negociación, algo que hasta ahora se había evitado. La batalla judicial por YPF, lejos de terminar, entra ahora en una fase aún más delicada.