“De usurpaciones, desalojos, propiedad privada y déficit habitacional”, por María Belén Aramburu

Ocurrieron prácticamente en simultáneo.
 
El desalojo de Dolores Etchevehere y los militantes de Juan Grabois y los ocupantes de las tierras de Guernica.
 
No son episodios comparables pero las ocupaciones de tierras, los fallos judiciales y los consecuentes desalojos se entrelazan en ambos. La política también fue un ingrediente presente en los dos casos que se convirtieron en las noticias más relevantes en las que los medios y el público centraron su atención.
 
El primer fallo del juez subrogante Raúl Flores impidió el desalojo de Dolores Etchevehere. Fue la intervención de la jueza María Carolina Castagno la que dispuso restituir “de manera inmediata” el campo “Casa Nueva” a su madre y sus hermanos.
 
En su oportunidad hice referencia a la documentación que figuraba en el expediente a la cual, en un principio, los periodistas no habíamos tenido acceso. Algunos sostuvieron que, si el juez Flores fallaba a favor de Dolores Etchevehere para permanecer en el predio, al igual que los militantes de Grabois, haciendo referencia a un juicio de sucesión aún no finalizado y resuelto e instando a encontrar una solución “pacífica y armónica” entre las partes, las cuales se mostraban rígidas y seguras en las posiciones adoptadas públicamente, se desprendía de esta decisión judicial de qué lado estaban los derechos de quien los reclamaba para sí. De Flores a Castagno hubo un cambio en las resoluciones judiciales y aparecieron las pruebas sobre la venta de acciones de parte de Dolores Etchevere a favor del resto de la familia. Lo que en un principio parecía confuso en cuanto a si era propietaria del predio que estaba ocupando junto a los que comenzaron a desarrollar el llamado Proyecto Artigas, la cantidad de hectáreas que supuestamente le correspondían además de “su invitación” al desarrollo de un proyecto agro ecológico sin consentimiento del resto de la familia en el caso que fuera dueña, se aclaró cuando se dio a conocer el documento de cesión de sus derechos a la participación accionaria de Las Margaritas SA al resto de su familia de la cual tanto hacía referencia Luis Etchevehere junto con sus hermanos sobre una asamblea y acta notarial del año 2018.
 
El tema ocupó mucho espacio en los medios de comunicación siendo que hasta podría asimilarse a una película.
 
El presidente Alberto Fernández se refirió a este tema como un caso de “hermanos ricos que se pelean por la herencia”.
 
Cuando el domingo pasado se realizó el banderazo, aparecieron en escena productores agropecuarios y trabajadores rurales de los cuales advertí que, a través de sus discursos, no estaban apoyando a Luis Miguel Etchevehere, ex Ministro de Agroindustria del ex presidente Mauricio Macri, sus hermanos y madre, según sus propias expresiones, en lo que consideraban era una disputa familiar, sino que hacían alusión a una defensa de la propiedad privada, temiendo correr igual suerte ante una potencial ocupación de sus tierras o de aquellas en las que realizan su trabajo, a través de fallos judiciales que las avalaran.
 
Por su parte, el Proyecto Artigas seguramente sea loable de realizar, pero en tierras que no sean de propiedad privada y, si lo son, con la certeza de que el dueño se encuentra en condiciones legales tales que le permitan acceder a su desarrollo. En este caso Grabois, representando legalmente a Dolores Etchevehere, seguramente habrá tenido acceso a la documentación correspondiente que, por lo que se sabe y de acuerdo a un fallo judicial, no le pertenece. Él, de todas maneras, afirma que seguirá la batalla en los tribunales.
 
El dirigente social, Juan Grabois, apuntó al presidente Alberto Fernández y a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de la de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pidiendo “que dejen de ceder ante el poder fáctico” sobre las decisiones de acatar la justicia sobre los desalojos de “Nueva Casa” en La Paz y Guernica en el distrito de Buenos Aires. “Ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente la Argentina”, enfatizó haciendo también referencia a la última encíclica del Papa Francisco.
 
En el caso concreto de Guernica, Grabois afirmó que “con casillas destrozadas y personas humildes lastimadas, al cuadro patético de la miseria en la Argentina que parece no tocar fondo ni conocer las alternativas que ofrece nuestro gobierno para resolverlo...”, agregando sobre la intención “de los de abajo por restablecer cierto equilibrio en una sociedad criminalmente desigual y excluyente”, en clara alusión al gobierno y al Estado por su mirada ajena al conflicto social subyacente a acciones de esta naturaleza.
 
Distinta fue la perspectiva desde la que se analizó el desalojo de Guernica en el seno del poder de la provincia de Buenos Aires ya que el gobernador Axel Kicillof aclaró que “el desalojo se hizo con todos los cuidados posibles, obviamente en una situación compleja. Si la provincia no acataba la orden judicial, incurría en desacato”. En consonancia con sus palabras, el Ministro de Desarrollo Social provincial, Andrés Larroque, sostuvo que el operativo fue “muy eficaz” y que tenían conocimiento de que “Berni lo había preparado de una manera que evitara riesgos en materia de lo posible” y que hacían una “evaluación positiva dentro de lo que significa un desalojo”. “Prácticamente no hay heridos y la mayoría son policías”
 
Si bien hay una deuda social para con aquellos que no tienen trabajo, que viven en situación de pobreza o de indigencia, sin acceso a lo más mínimo para su supervivencia, la ocupación de lo ajeno en cuanto propiedad privada, vulnera principios constitucionales.
 
En el caso de Guernica y, haciendo un discernimiento respecto de los que se establecieron por cuestiones políticas, los que cobraban a los más vulnerables por el alquiler o propiedad ficticia de la tierra bajo presión de ser desterrado de la misma, al igual que en otras tomas, el reflejo de la desesperación por no tener dónde vivir se hizo visible en el rostro de los que menos tienen y pueden hacer para tenerlo.
 
El déficit habitacional es un tema de agenda política importantísimo. Es un tema de políticas públicas, independientemente de cualquier gobierno de turno.
 
El gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgará $50.000 mensuales en forma de subsidio por hasta seis meses multiplicándose de este modo para llegar a los $300.000, destinados a personas en extrema vulnerabilidad y que demuestren un déficit habitacional y sean considerados de riesgo. Todavía se desconoce a cuántos se les dará, si se hará un censo o se basará en alguno vigente y cuál, para permitir la asignación de dinero prometida.
 
Y si bien esta suma es un alivio para quienes la reciban y de hecho la necesiten será solamente una ayuda circunstancial de no sustentarse en trabajo y sueldo dignos. Muchos de los que reclaman por su tierra y vivienda pretender trabajar y pagar por ellas. Si hasta le pagaban a algunos aprovechadores que les cobraban injusta e ilegalmente por lo que no les pertenecía, a aquellos que como contrapartida tampoco iban a ser dueños o arrendatarios legales y legítimos de una parcela de tierra.
 
Pero también esta medida, la del otorgamiento de dinero en forma de subsidio sin el respaldo de un trabajo que lo avale, ha generado reacciones en contra de los que trabajan duramente y con gran sacrificio y a duras penas pueden tener lo más mínimo sin haber accedido jamás a la vivienda propia.
 
Así como existe una deuda social por el déficit habitacional, también es propia la de la falta de proyectos suficientes para cultivar la tierra y generar autosustento además de la producción para la comercialización, de los productos que generosamente nos brinda la tierra de nuestro país.

Por María Belén Aramburu