Deuda: alivio por el acuerdo con bonistas, por María Belen Aramburu

El acuerdo con los acreedores tenedores de bonos emitidos bajo ley extranjera que alcanzó la adhesión del altísimo porcentaje del 93,5% que llegó al 99% por la aplicación de la cláusula de acción colectiva, trajo un gran alivio al gobierno del presidente Alberto Fernández y a su Ministro de Economía, Martín Guzmán, que lo llevó adelante, para el logro de un resultado que, en un comienzo, pareció de difícil alcance y cuyas negociaciones fueron postergadas en reiteradas oportunidades sin la comprensión, afirmaba el gobierno, de la situación económica de nuestro país más allá de la voluntad de pago.

Para que se entienda bien en qué consiste el acuerdo, aclaro que las cláusulas de acción colectiva generan que, si determinada cantidad de bonistas acepta la oferta, el 100% de los acreedores entra al canje de modo tal que se evita que queden holdouts, o sea bonistas que no hayan aceptado la propuesta del gobierno, y que continúen con posibilidades de litigar contra el país en tribunales extranjeros. Esto sucedió, para poner un ejemplo claro, luego del default de 2001, siendo que hubo bonistas que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, que luego derivaron en el juicio que la Argentina perdió contra los denominados “fondos buitre” y se pagó en el 2016.

 ¿Cuáles son los bonos que el gobierno ofreció reestructurar?

Los emitidos en 2005 y 2010 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por el canje de la deuda que entró en default en 2001 y los emitidos en los años 2016 y 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Siendo los porcentajes de aprobación en cuanto a la aplicación de las cláusulas de acción colectiva del 85% y del 66,6% de acuerdo con la serie de emisión y el capital y, para no entrar en disquisiciones de cuál porcentaje involucra a cada una de las series, la activación de estas cláusulas con la altísima aprobación del 93,55%, permite el canje de la casi totalidad que abarca al 99,01%. Para los que me han preguntado por el mínimo porcentaje del 1% que quedó fuera, la respuesta es que sólo se trata del porcentaje que contempla dos series emitidas en 2010 que suman un poco más de US$ 600 millones.

Los tenedores de bonos emitidos bajo ley extranjera son los que mayor inconveniente han traído siempre a la hora de la negociación. Se les ha pedido una forma de pago en la reestructuración que permita lineamientos de sostenibilidad para que una crisis económica agravada en el tiempo con el transcurso de la pandemia, no ocasione mayores perjuicios a una población que vio sumergida una mayor cantidad de su gente en la pobreza e indigencia según los últimos daros conocidos. Con los acreedores locales, que sólo son un 9% del total, no ha habido inconveniente en llegar a un acuerdo más allá de requerirse de una ley del Poder Legislativo, ya que con ellos se logró más del 90% de adhesión desde que se entablaron las negociaciones.

El acompañamiento que del anuncio hicieron los gobernadores, oficialistas u opositores como Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez y Horacio Rodríguez Larreta, jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mostró dos cuestiones a tener en cuenta. La primera está vinculada con el apoyo que previamente todo el arco político le brindó al presidente Fernández y a su Ministro Martín Guzmán, para negociar una reestructuración de la deuda, hecho consumado a principios de año. Y la segunda que se remite a la deuda en dólares que las provincias tienen y deben resolver y pueden hacerlo tomando el precedente del acuerdo de Nación cuando pidan respetar lineamientos de sostenibilidad para no sumir a sus pueblos en condiciones que no podrían sobrellevar en las actuales circunstancias que continuarán en el tiempo producto de una situación crítica que trae la pandemia y que atraviesa todos los sectores, especialmente los más vulnerables.

 Con el alivio de un ahorro de US$37.700 millones, una tasa de interés que en promedio bajó del 7% al 3,07%, un panorama de 5, 10 años de relativa tranquilidad en cuanto a un acuerdo que permite el establecimiento de políticas públicas tendientes a la recuperación y desarrollo de la economía, habrá un reflejo de este acuerdo en lo que será el proyecto de ley del Presupuesto nacional que será enviado el 15 de septiembre.  El nuevo presupuesto apuntará a un déficit fiscal de 4,5% del Producto Bruto Interno. Entre otros objetivos trazados, tenderá a promocionar políticas desde el Estado y con una fuerte participación del mismo, para expandir las exportaciones que contribuirán al ingreso de divisas a nuestro país, entre otros puntos a destacar.

 El acuerdo con los bonistas es un paso adelante para lograr estabilidad interna y una demostración al mercado que hacemos frente a nuestros compromisos ahuyentando al fantasma del default. Es una invitación abierta al reingreso al mercado de capitales, sumamente necesario en esta débil coyuntura económica.

 Además de los gobernadores y algunos legisladores, estuvieron presentes en representación del gabinete de Alberto Fernández, Eduardo De Pedro, Martin Guzmán, Santiago Cafiero, Julio Vitobello, Juan Pablo Biondi y Cecilia Tedesca. Siendo que el Ministro de Economía ya se había llevado los aplausos cuando se logró el acuerdo, fue en esta oportunidad en que se llevó las mejores miradas que lo seguirán de cerca en los próximos pasos de acuerdos con organismos financieros internacionales y el trazado de una política económica para transitar lo que queda de la pandemia y la que vendrá en la pos pandemia con un contexto mundial muy distinto al planteado cuando este gobierno asumió.

El gobierno de Alberto Fernández sabe que queda acordar con el Fondo Monetario Internacional por una deuda de US$44.000 millones, más acotada que la pautada para ser otorgada y el actual gobierno frenó, en condiciones en que no se le puede pagar , en que hay que buscar un nuevo acuerdo que brinde financiamiento para poder cumplir con nuestras obligaciones y sin que por ello, al igual que sostuvo el gobierno con los bonistas privados, se someta al pueblo argentino a mayores penurias que las que está atravesando y con un panorama económico que brinde las posibilidades de un crecimiento y desarrollo sustentables.

Para negociar y acordar con el FMI, se buscará, como en el caso del poder que se le dio al gobierno de Alberto Fernández para poder reestructurar la deuda, el mayor consenso posible. Lo que se acuerde pasará por el Congreso de la Nación. Distinto serÍa el escenario de ser enviado hoy, que aquel que se vivía a comienzos de este año y con el gobierno en su flamante inicio. Hoy se tendrían los escollos de la elección del sistema para el funcionamiento del Poder Legislativo, ya sea virtual y/o presencial y una oposición que prefiere no debatir una reforma judicial en momentos de pandemia además de la falta de acuerdos en el Congreso para el tratamiento parlamentario del llamado impuesto a la riqueza o de aporte solidario para disponer una contribución extraordinaria. Veremos qué sucede cuando el acuerdo sea enviado al Poder Legislativo.

 El acuerdo con los bonistas privados fue un éxito celebrado por el gobierno y la oposición. Ahora la mira está puesta en cómo capitalizar los buenos resultados obtenidos que sirvan de ejemplo para futuros acuerdos con acreedores y negociaciones futuras en la adopción de medidas de política económica.

Por María Belén Aramburu