Denuncia contra un pasajero irresponsable por 700.000 USD

En el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9, a cargo de Luis Rodríguez -interviene la Fiscal Federal María Alejandra Mángano-, el Gobierno porteño pidió hoy que se lo admita como querellante en la causa por graves delitos contra la salud pública.

El proceso penal es contra el pasajero de 21 años que arribó anoche desde Colonia a Buenos Aires y que al ocultar su condición de positivo de coronavirus puso en riesgo a todo el barco San Patricio. A partir de los hechos sucedidos en el barco se investiga la posible comisión de delitos contra la salud pública. Al joven de 21 años, vecino de Belgrano, se le podría llegar a aplicar una de las figuras más graves que contempla el Código Penal, el artículo 202, que prevé prisión de entre tres a quince años para "el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Como querellante el Gobierno porteño busca, además, la reparación integral de los perjuicios originados al patrimonio de la Ciudad por el operativo de cuarentena. Es un operativo sanitario más el costo de traslado más el costo de hotel para casi 400 personas. Esto es un ejemplo claro de cómo el acto irresponsable de una sola persona puede poner en riesgo la salud de cientos de otras y a la vez generar un gasto enorme para todo el sistema de salud en un momento crítico como este.

No se trata solo de un gasto económico, sino, de un gasto de espacio de infraestructura, y sobre todo de los recursos humanos, generando un esfuerzo innecesario en los profesionales de la salud que están dándolo todo para cuidarnos. Son 385 pasajeros y 19 tripulantes a los que se les aplicó el protocolo del SAME, con la participación de todas las fuerzas de seguridad, para trasladarlos a los hoteles que tenemos previstos para garantizar el aislamiento correspondiente.