Editorial HI
12/09/2019

Planes x Trabajo, por María Belén Aramburu

Cuesta creer que en un país como la Argentina crezcan los índices de pobreza

Planes x Trabajo, por María Belén Aramburu
Autor: María Belén Aramburu
P

arto de la premisa de que, se instale en el poder el gobierno que sea, al menos la mayoría de los planes sociales deben ser transformados en puestos de trabajo. 
 

Cada uno de los que hoy recibe un plan social debe ser digno y merecedor de tener su puesto de trabajo, al menos, para comenzar, por el mismo haber que percibe en esta condición. Esto contribuirá además a seguir moviendo la rueda del empleo, producción y consumo. Trabajo genuino, en blanco, con los aportes correspondientes, obra social y demás.
 

Cuesta creer que en un país como la Argentina crezcan los índices de pobreza y no se haya siquiera podido disminuir la estructural a través de sus más recientes gobiernos. Que este país riquísimo por donde se lo mire no haya podido generar fuentes de empleo para su población económicamente activa, o sea para la que se encuentra en condiciones de trabajar, que incluso busca y quiere trabajo.
 

Más allá de la solución que se pueda brindar a través de la emergencia, el reclamo pasa por el hambre que es gravísimo y que se daría por la falta de acceso a un empleo digno que además, en el monto salarial a percibir, debería cubrir al menos las necesidades básicas. Porque actualmente un gran sector de la población que trabaja no llega a fin de mes, no puede cubrir sus más mínimas necesidades y muchos se encuentran subocupados queriendo trabajar más de lo que lo hacen sin poder lograrlo por falta de oportunidades.
 

Volviendo a los planes sociales, podemos hacer un recorrido por su historia en nuestro país.
 

La década del ‘90 que trajo sus múltiples privatizaciones, dejó afuera a trabajadores especializados en sus respectivas áreas. Por poner un ejemplo, recuerdo haber estado en contacto con los que quedaron marginados luego de la privatización de YPF. Varios de ellos habían logrado comprar su casa, su camioneta, tener un buen standard de vida. Se habían dedicado a la tarea asignada por la empresa durante su trayectoria laboral, en muchos casos creciendo en su posicionamiento. Era lo que sabían hacer. Luego de la privatización, no hubo una reasignación de tareas más allá de la habitual, no se le capacitó para otra. Perdieron su trabajo y su dinero. Lo que habían ahorrado fue a parar a su supervivencia. Perteneciesen a este rubro o a otros, se manifestaron y aumentó a conflictividad social. Se creó el Programa Trabajar I que consistía en un subsidio de entre 3 y 6 meses de duración. Corría el año 1996. En la provincia de Buenos Aires se distribuía el Plan Barrios Bonaerenses. 
 

En el reparto de los planes sociales estuvieron involucrados los punteros políticos, por lo que quien carecía de contactos se quedaba afuera del cobijo de un dinero que le permitiera paliar sus dificultades diarias de subsistencia. Armado y diseñado por la maquinaria política la distribución ha sido en muchos casos arbitraría, a los designios de voluntades partidarias y con condicionamientos de asistencia a movilizaciones y votos comprometidos. El clientelismo creció de la mano del salvataje de los planes sociales.
 

El gobierno de la Alianza, de Fernando de la Rúa, decidió que iba a distribuir subsidios a través de organizaciones no gubernamentales, previa inscripción. Los intendentes quedaban al margen de la distribución y con ellos sus punteros.
 

Pero llegó la crisis de 2001. El Plan Jefas y Jefes de Hogar con 2 millones de beneficiarios. ¿Requisitos? No tener empleo, ser jefe o jefa de hogar y tener niños en edad escolar.
 
Durante el gobierno anterior se desarrollaron algunos emprendimientos como los de la  construcción de viviendas para algunos beneficiarios.

La necesidad incrementó la cantidad de planes sociales para llevarlos a la cifra actual de 7,2 millones mensuales, superando a los otorgados durante el gobierno anterior.
 
La intermediación de los punteros muchas veces se vio suplantada por la de dirigentes sociales, pese a que se se fue armando con el tiempo una estructura de asignación directa de los planes.
 

La pobreza estructural no ha sido resuelta durante los gobiernos sucesivos desde el regreso de la democracia en 1983. En los últimos 30 años el promedio de pobreza es de casi un 33%.
 
Y el aumento en las partidarias presupuestarias del gasto social tampoco alcanza. El gobierno de Mauricio Macri destina el 70%, más aunque cerca del promedio, del destinado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El aporte promedio es de $7.000 por mes.
 

Pese a estos números, no disminuye la pobreza, ni hablar de eliminarla, no se reduce la desigualdad, no se generan nuevos puestos de empleo. Hacemos Futuro o Empalme lograron incorporar sólo a muy pocos al mercado laboral, ya sea por el perfil exigido por las empresas , o porque no tuvieron un trabajo formal desde hace muchos años que no los coloca en un plano de desigualdad de condiciones respecto de otros aspirantes, quizás también por los prejuicios en relación con su status.
 

Algunos beneficios asistenciales buscan que se capaciten en oficios, finalización de los estudios secundarios, pasantías. Algunos trabajan precariamente en el circuito informal.
 
Más allá de sus genuinas necesidades, muchas de las veces son usados políticamente por quienes se pueden ver beneficiados por piquetes, movilizaciones, cortes de calles y rutas y formas de protesta varias. 
 
Más allá del reclamo verdadero no debiesen ser usados políticamente por ningún sector.
 

Sea como sea se debe tener en agenda la transformación de los planes sociales en trabajo genuino, por cuestiones morales y hasta estratégicas de inserción. 

La pobreza no sólo se ciñe a la falta de dinero para cubrir las necesidades básicas. Es mucho más que eso. Es la incapacidad de las personas a vivir una vida tolerable tal cual establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y qué es una existencia tolerable según su definición? Cuando se puede acceder a la salud, educación, trabajo productivo y remunerado, seguridad personal, libertad política, respeto de los derechos humanos y participación en la vida comunitaria.
 

Solucionar el tema de la pobreza, por ende, es mucho más que solucionar el problema del bolsillo de la gente, aunque esto, hoy por hoy, es lo más urgente.

 

Por María Belén Aramburu

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