#EditorialHi: "La tormenta trae fuerte oleaje", por María Balén Aramburu

La tormenta se estableció para quedarse por un tiempo. La CGT la definió ayer como infinita. Los empresarios consultados la acotan a dos o tres trimestres que creen pueden sobrellevar antes de la salida de una recesión que se hace sentir muy fuerte, y sin volcar entre un 15, 20% que estaría pendiente por la devaluación sobre los precios, atendiendo a una baja del consumo. La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, sabe que será de difícil cumplimiento el acuerdo de la Argentina con el organismo financiero internacional. Y, si bien las revisiones técnicas han seguido realizándose por ser socios del FMI, las actuales, préstamo de US$50.000 mediante, serán aún más rigurosas, sobre todo, si el índice inflacionario anual sobrepasa el 32% establecido como máximo en el acuerdo. El escollo principal y que, además se vincula con el objetivo a cumplir de la reducción del déficit fiscal para alcanzar el 1,3% del PBI, es la inflación, por ahora contenida por la falta de crecimiento económico. Desde ya, desalentador dato. El acuerdo con el Fondo seguramente obligará al gobierno nacional a utilizar las herramientas más certeras a su alcance para que no se desborde y concite una reunión especial del directorio del organismo para rever las condiciones del préstamo. En conferencia de prensa, el presidente afirmó que el año próximo habrá una disminución del 10% en el índice inflacionario, para llegar al 2020 a menos de un dígito. Haciendo un cálculo estimado si alcanza al 32% este año, debería ubicarse en el 22% en 2019. No deja de ser una inflación alta con repercusión en precios de bienes y servicios. Aunque en el gobierno estiman una del 17% para el año próximo. Y, si este año, pretende al menos cumplir con las pautas del Fondo, el compromiso para los próximos meses rondaría el 2,5% promedio mensual. Si se quiere combatir la inflación la pregunta es cómo. Los salarios de los trabajadores han visto su poder adquisitivo deteriorado hace años. La inflación del 41% de 2016 y la del 25% del año pasado se suma a una estimación de un piso de por lo menos un 30% para éste. ¿Quién a fin de año va a decir que tuvo un aumento del 96% de su sueldo durante estos años? Si hay alguno que levante la mano por favor así lo aplaudimos a él y a su empleador, público o privado. El ajuste fiscal y monetario se dan la mano mientras el Banco Central sigue utilizando la herramienta de las altas tasas de interés que comprometen al sector productivo privándolo de recursos genuinos que prefieren la especulación que brinda el alto rendimiento con poco riesgo. Así es como las tasas para tomar créditos también aumentan los costos para quienes las requieren para, en la mayoría de los casos, mantener los niveles de producción. ¿Y qué hay de los aumentos que la inflación de este año tendrán su traslado a precios y tarifas? Porque los gastos presupuestados también tendrán su correlato en aumentos en los gastos que repercutirán en el déficit fiscal. ¿Puede haber cambios en los impuestos y retenciones? El presidente Macri asumió un compromiso con el sector del campo en cuanto a eliminación de las retenciones para el trigo y el maíz y la reducción gradual para la soja, que continúa manteniéndola y hasta reafirmando como lo hizo en la última conferencia de prensa cuando se refirió a su política de no gravar a las exportaciones. Las internas entre los funcionarios tienen vinculación directa con responsabilidades atribuidas a la corrida cambiaría y sus derivaciones. Tal es así que la ruptura se hizo más fuerte ante la inminente embestida que algunos de ellos deben afrontar para dar lugar a la reducción de gastos. En el caso de la obra pública, que incluso es utilizada como factor convocante de votos por todos los gobiernos, tendrá repercusión a nivel nacional y en cada distrito provincial. Menos obra pública conlleva a menos empleo. El Ministro del Interior menuda tarea se trae entre las manos cuando se reúne con los gobernadores. De un total del ajuste de $300.000 millones, la mitad le corresponde a Nación, de los cuales quedarían $130.000 millones, ya que se anunció el recorte de $20.000 millones en la administración pública. Y el resto que corre por cuenta de las provincias quedo en $100.000 millones para que las reducciones en los gastos las implementen cada una de ellas. A cada una le vendrá su recorte, ya sea para las cajas previsionales no transferidas, la postergación de obras de infraestructura, subsidios al transporte, quizás el traspaso al ámbito de la provincia de Buenos Aires y Capital empresas de servicios públicos de agua y electricidad, intentando evitar romper al menos con algunos de los compromisos asumidos en la firma del Consenso Fiscal tal el caso de los ingresos brutos. Con Christine Lagarde en nuestro país, la pretensión de los partidos políticos opositores es la de reunirse para mostrar su disconformidad con el acuerdo y las duras consecuencias de su fiel cumplimiento. Dicha pretensión si bien es compartida por la CGT resulta menos probable un acercamiento de las autoridades del Fondo con sectores sindicales. Y si bien para los sectores políticos, más allá de la carta que le fe enviada, existe más chance, su suerte correrá del mayor o menor acercamiento que se logre en la reunión con el presidente y funcionarios gubernamentales, conociendo además el aprecio que la directora ejecutiva ha demostrado con el presidente. Lagarde llega con las coordenadas que ya tiene bien aprendidas para no perderse en la tormenta de ningún país que, por sus necesidades, haya recurrido a ella para financiamiento del Fondo. Y sabe que esta tormenta, trae fuerte oleaje.Por María Belén Aramburu