Sociedad
13/07/2018

#EditorialHi: "Las adicciones: Un tema de política pública urgente", por María Belén Aramburu

#EditorialHi:
Autor: Haceinstantes
Lo disparé, yo lo maté. Era entre él o yo” fueron las palabras elegidas por Cristian “Pity” Álvarez para contarle a los medios qué ocurrió después de haber estado 24 horas prófugo.Sabía que debía entregarse a la justicia. Cualquier abogado que lo representase se lo iba a aconsejar.Se constataron cinco disparos, cuatro de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima, Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años. Se fugó en un auto Vokswagen verde que dejó abandonado cerca del boliche Pinar de Rocha, donde brindaba un show Ulises Bueno. Quiso ir al camarín del cantante, no lo dejaron. Buscó en el boliche a quien pudiese facilitarle la fuga, según los dichos de su novia, pero no lo encontró. Hasta desistió de ir a declarar cuando en viaje haca la comisaría estando en el auto del padrastro de su pareja, decidió bajarse del vehículo.Cuando al entregarse dio la cara ante la prensa, estaba vestido con la misma ropa con la que se lo vio en una foto que un miembro del staff se sacó con él en Dardo Rocha y subió a Instagram. Esta red social permitió conocer su paradero de al menos media hora, encontrar su auto abandonado a metros de allí, y rastrear sus movimientos posteriores. Homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ésa es la acusación que pesa sobre él. Tenía un arma que descartó en una alcantarilla cuando se dio a la fuga y tomó la colectora de la autopista Dellepiane. El arma no está registrada. Pity Álvarez no tiene ni tenencia ni portación de armas. En el auto verde abandonado a la vuelta de Pinar de Rocha, se encontraron, entre otros elementos, envoltorios de pasta base y dos “pipas” para estupefacientes.No se sabe cuál fue el movil que llevó a cinco disparos. La víctima no se encontraba armada. Tampoco se sabe cuál era el estado de salid del cantante al momento de los disparos. Los hechos delictivos protagonizados por Pity son conocidos por todos ya que tomaron estado público y hasta fueron detallados y recordados en las últimas horas.Pero quiero reparar en uno en particular. Pity Álvarez se había arrojado de una altura de cuatro metros. Se lanzó de una escalera. Sufrió una fractura en su pie derecho. Había consumido 40 comprimidos de clonazepam. Su situación, por aquél entonces, año 2014, fue comparada con la de Charly García. La justicia había dispuesto una “curatela” y estuvo bajo tutela judicial durante el tiempo en el que estuvo internado para su rehabilitación.A Álvarez lo habían declarado inimputable. Lo acusaban de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego, portación de armas de guerra sin la debida autorización legal, daño, portación de arma de fuego de civil condicional y encubrimiento agravado, todos en concurso real.El fiscal Oscar Antonio Ciruzzi había pedido una condena de cuatro años de risión e insistió con su solicitud, aún conocido el fallo. Ciruzzi solicitó que el músico fuera internado con carácter de urgencia, dado que del abuso de drogas se “desprende el cierto e inminente riesgo para sí” y pidió la intervención de la Justicia Nacional en lo Civil, dar cumplimiento a la internación involuntaria que se establece en el artículo 20 de la Ley 26657 de Salud Mental.Los jueces dispusieron que el musico realice un tratamiento ajustado a su “poliadicción con el consecuente riesgo de involucrarse en conductas socialmente desajustadas”.El informe médico del Sanatorio Dupuytren, dio cuenta que Pity consumiría periódicamente altas dosis de Rivotril además de morfina y crack, aunque estando en ese momento en recuperación de esta ultima sustancia.Era el año 2014. Pasaron cuatro años y nos encontramos frente a un homicidio confesado por él mismo ante las cámaras, al menos en el momento en que estoy escribiendo este artículo. En el medio, distintas circunstancias lo involucraron en delitos en los que se advirtió el consumo de estupefacientes y el delicado estado de salud.Y habiéndose judicializado algunas causas que lo tuvieron como protagonista en las cuales se comprobó la ingesta de estupefacientes, y habiéndose dispuesto un tratamiento para combatir sus frecuentes adicciones, comprobadas en sedes judiciales, como la que mencioné como emblemática anteriormente, debiese haber un seguimiento por parte del estado, ya que fue uno de sus poderes, el judicial, quien lo determinó, sobre su rehabilitación y recuperación. Y, si hubiese sido condenado a cuatro años de prisión por los delitos cometidos según pidió el fiscal, ¿el sistema carcelario hubiese podido sostener el tratamiento para lograr posteriormente su reinserción en la sociedad como indica nuestra Constitución?Son muchos los casos en que la rehabilitación no se realiza de modo voluntario y es la justicia la que debe intervenir de la mano del pedido de algún familiar. Los centros de rehabilitación son costosos, a veces, los pacientes terminan siendo derivados a neuropsiquiátricos y el estado debiese contar con más herramientas para internaciones, procesos de tratamiento para permitir a los que padecen adicciones curar su enfermedad y encarar una nueva vida y, sobre todo, apuntar a la prevención.Quizás éste sea el lamentable desenlace de una situación que se podría haber evitado.Que se puedan prevenir futuras.Por eso las adicciones son un tema de política pública urgente.Por María Belén Aramburu
Dejar un comentario
Ranking de noticias
Más Leidas
Seguinos en Twitter
Seguinos en Facebook