Alak anunció nuevas medidas del poder ejecutivo contra el terrorismo y su financiamiento

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció hoy un conjunto de medidas destinado a profundizar y fortalecer la estrategia nacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que incluye el envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley modificatorio del Código Penal, que establece incorporaciones sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento (ver anexo).Entre las disposiciones se encuentran también un proyecto de ley que penaliza la manipulación del mercado; una resolución que establece procedimientos para la regulación, supervisión y sanción por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), y un decreto mediante el cual se crea el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas de prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.Alak brindó una conferencia de prensa este mediodía en la sede de su cartera, acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; y el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella.El ministro de Justicia sostuvo que el conjunto de medidas “tiene como objetivo seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales en la materia, y está en un todo de acuerdo con las convenciones internacionales incorporadas por nuestro país, como por ejemplo la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.En torno al terrorismo, la iniciativa remitida al Congreso prevé la creación de un agravante específico de las penas en la parte general del Código Penal. Eso incluye a todos los delitos que se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. En estos casos se aplicará la misma escala siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional. En ese sentido Alak explicó que “la nueva tipificación del delito de terrorismo mejora y amplía la normativa legal argentina en la materia, garantizando la vigencia irrestricta de los derechos humanos; y excluye expresamente que puedan ser considerados actos terroristas, las acciones realizadas en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, como la protesta social”.Por otra parte, se crea un nuevo tipo penal de financiamiento del terrorismo, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para el que recolectare o proveyere fondos para la comisión de los delitos, con la finalidad específica antes referida.Por ello la reforma propuesta al Congreso por el Poder Ejecutivo, mejora sustancialmente la legislación actual en la materia, al remover obstáculos para la eficaz persecución y sanción del terrorismo y su financiamiento en todas sus formas, sea local o internacional.Hasta la actualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que la misma esté organizada en redes internacionales. De esta manera quedaban exceptuados de la criminalización del terrorismo, el llamado terrorista individual y la posible asociación terrorista local.En cuanto a los delitos vinculados a la manipulación del mercado, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, sostuvo que “se incorporan al Código Penal una serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas, bajo el control de la CNV”.El funcionario explicó que “la nueva normativa incluye la tipificación del delito de abuso de información privilegiada, la manipulación de valores negociables, la captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero; conductas que no se encontraban incorporadas al Código Penal y que resultan herramientas necesarias para fortalecer al Estado en su misión de proteger la estabilidad económica y el sistema financiero, en concordancia con la legislación de los países desarrollados”.Por otro lado, se crea en la órbita del Ministerio de Justicia, un Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que tiene por misión principal, la elaboración, monitoreo, evaluación y diagnóstico de los planes de implementación de las reformas legales impulsadas en la materia. Su objetivo es la observación constante de la implementación de estas trascendentes medidas, y la identificación de posibles puntos críticos, trabajando en conjunto con todos los poderes del estado, las organizaciones de la sociedad civil específicas en la materia y los actores principales del sector privado involucrados en la temática.Por último, y también como parte del paquete de medidas que hoy se anunció, se procederá a la reglamentación de un sistema de regulación, supervisión y sanción que complementa las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, con el fin de mejorar las acciones de esa organización de control.En ese sentido el titular de la UIF, José Sbatella, explicó que “con motivo de la puesta a punto de la implementación de le nueva ley antilavado, y debido al incremento de las tareas de supervisión de los sujetos obligados, su fiscalización y sanción, desde la UIF implementamos una resolución que, con la colaboración de todos los sujetos obligados, aporta transparencia al sistema de inspección en base a análisis de riesgo”.