Se trata de un convenio entre Corredores Viales, que administra 6000 kilómetros de rutas en 13 provincias, y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de la Jefatura de Gabinete.
“Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente”, le respondieron tras sus declaraciones en México.
El abogado constitucionalista criticó la medida presidencial. "La Constitución le prohíbe al presidente dictar decretos que tengan contenidos legislativos", indicó.
