CABA: entre la justicia y la vuelta a clases, por María Belén Aramburu

Para la CABA se vislumbra una eterna batalla judicial. Si no es por el tema de la coparticipación y los fondos para la policía jurisdiccional, cuestión que derivó en la Corte Suprema de Justicia  y su consecuente falta de diálogo y reunión entre los jefes de Estado, por la Nación, Alberto Fernández y por la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es por la vuelta a clases, con la diferencia que tanto el presidente como el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, han proclamado y defendido públicamente en las últimas ocasiones, el regreso a la presencialidad de las aulas sumando, de parte de la cartera de Educación, un protocolo a implementarse con tal propósito.

La justicia alcanzó nuevamente al gobierno de la ciudad, esta vez con la citación presencial demandada a los Ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña, de las áreas de salud y educación respectivamente, claves en la toma de decisiones de esta área, por parte de un juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, quien se ha enfrentado judicialmente en varias oportunidades con el gobierno porteño cuando estaba a cargo del ex presidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se desempeñaba como su Jefe de Gabinete, pidiendo por este motivo la ciudad su recusación por acusarlo de “falta de imparcialidad” y tener “decidido suspender el inicio de clases”, apartándose el juez mencionado de esta causa, por lo que se sorteará otro juzgado para que el proceso continúe y la audiencia pedida por el juez Gallardo pueda llevarse a cabo el próximo miércoles si así el nuevo juez lo decide que, en definitiva, se trataría, según entiende el gobierno de la ciudad, de explicar la estrategia de testeo.

Las diferencias existentes entre Nicolás Trotta y la Ministra de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se conocieron el año pasado cuando, habiendo aflojado el número de contagiados y víctimas fatales de coronavirus, se pensaba y de hecho se efectivizó en la ciudad, al menos una vuelta parcial y segmentada de clases.

Este año se mostró diferente con el comienzo de la llegada de vacunas, aunque, si bien éste no es el tema central de mi editorial de @Haceinstantes no puede ser soslayado porque considero que es uno de los temas que se cuestionan para preservar la salud de los docentes y empleados trabajadores de la educación para poder desarrollar sus tareas ante una población que hoy, en su mayoría, es fuente principal de contagios y descuidos por sus estrechos vínculos sociales. De hecho son prioridad en la escala de vacunación a ser tenida en cuenta además de los trabajadores de la salud y los de la seguridad. Sin las vacunas para ellos ni para sus familiares en riesgo porque aún éstas no se encuentran a disposición, los gremios docentes han sido muy concretos y específicos en cuanto a las condiciones de higiene y elementos indispensables con los que deben contar para garantizar las condiciones de salud necesarias para evitar los contagios de coronavirus.

Por lo señalado anteriormente aquí tenemos un tema en cuestión para ser considerado con prudencia a la hora de analizar este tema ya que son varias aristas las que comprende el regreso a clases.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha elaborado procedimientos de testeo de docentes y personal de la educación no docente que deberá concurrir el 17 de febrero cuando las puertas de las escuelas públicas y privadas, de los ciclos primario y secundario se abran, según sus propios voceros han manifestado. Esto, según la ciudad, garantizaría, ante una pandemia, la salud de todos con el cumplimiento estricto de un protocolo elaborado para ser implementado apenas se produzca el ingreso escalonado y por cursos establecido por el Ministerio de Educación de Soledad Acuña y que se labró en concordancia con las instrucciones brindadas por el Ministerio de Salud de Fernán Quirós.

El gobierno de la ciudad fue el primero en aconsejar el regreso a las aulas de los niños, niñas y adolescentes. Si bien las medidas de seguridad sanitaria se han modificado flexibilizándose al compás de una pandemia cambiante en forma de virus, estadísticas de contagios y muertes y la aparición de vacunas de varios laboratorios, desde el año pasado Rodríguez Larreta y sus ministros llamaron al inicio de clases. Fueron desestimados en la presentación de sus protocolos y hasta tildados de inoportunos por haberla propuesto en época de pandemia. Quizás también por ser un adelantado en esta materia, fue desestimado en su intento de ser pionero.

“Queremos que la presencialidad sea el ordenador del sistema educativo en 2021”, se escuchó decir al Ministro Nicolás Trotta, mientras agregaba que “ nuestro objetivo es que en el mes de marzo tengamos clases presenciales en todas las escuelas del país”. Pretendiendo a su vez la unificación de una fecha para el regreso a las aulas entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima, el Ministro Trotta pretende un acuerdo entre los Ministros de Educación y de Salud de los dos distritos en función de generar un acuerdo común con el argumento, entre otros, de organizar la vida familiar y a la vez que la laboral. Pero ya se conoce la tirantez entre los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, y los del mandatario porteño y el gobernador Axel Kicillof, sobre todo en año de elecciones legislativas y definiciones de campaña.

Cada vez que se evaluó el regreso a clases se tuvieron en cuenta la situación epidemiológica de la población del distrito en cuestión, en este caso el de la ciudad de Buenos Aires, su proyección y la salud desde el abordaje psicológico considerando la necesidad de la presencia de los niños, niñas y adolescentes en las aulas.

Se escucharon muchas voces de psicólogos, psiquiatras, docentes, madres y padres y hasta los propios involucrados, los niños, niñas y adolescentes, refiriéndose a las consecuencias negativas como consecuencia de su falta de presencialidad en las aulas. Su falta de contactos sociales que, cuando se les permitió, dejaron de ser virtuales para pasar a ser cercanos en las plazas y espacios públicos, su tendencia a la tristeza y hasta la depresión en muchos casos, sus problemas de aprendizaje producto algunas veces de la falta o escasa conectividad por el funcionamiento de la tecnología o cantidad de dispositivos tecnológicos en el domicilio y/o el ida y vuelta que en clase se genera con el maestro o profesor, problemas de entendimiento, estudio, concentración, fueron causas contempladas a la hora de decidir a favor de la vuelta a clases en las escuelas. Las familias en sus casas con los padres trabajando en el hogar, o con sus problemas laborales a cuestas y compartidos en la cercanía que brindó la cuarentena en familia, algunos con poco tiempo y/o recursos para brindar ayuda a sus hijos en el ciclo que les correspondía cumplir con las materias asignadas, causaron más pesadumbre que alivio.

Si bien el regreso a clases puede ser aliviador como elemento organizador de los sistemas familiares cuyas vidas cambiaron y siguen cambiando al compás de la pandemia, con adultos que debieron modificar su modalidad de trabajo para hacerla remota, o combinar la remota con la presencial o volver a la presencial, no es, desde ya, el único ni excluyente parámetro a tener en cuenta en esta decisión según he descripto anteriormente.

En el contexto actual pareciera más saludable programar el regreso presencial a las aulas con, y esto es muy importante, los cuidados de prevención en las casas, incluyendo los testeos periódicos y a realizar ante la aparición de un síntoma sospechoso de coronavirus, o un contacto estrecho propio o de algún familiar, extremar las precauciones en los lugares cerrados donde se impartan las clases privilegiando en lo posible y probable la utilización de los espacios públicos con la debida atención a la salud de los docentes que siendo esenciales se exponen a los contagios, privilegiándolos a la hora de la vacunación con la llegada de vacunas del exterior y/o la elaboración nacional de las mismas y, por supuesto cumpliendo estrictamente con el protocolo fijado en el distrito y con la permanente supervisación de los organismos de control gubernamentales.

Por María Belén Aramburu