Coparticipación: la Ciudad presentó su reclamo en la Corte Suprema

Luego del anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llevar a la Justicia la quita de fondos coparticipables por parte de Nación, llegó la acción. La presentación de la demanda judicial ante la Corte Suprema se realizó este viernes con el objetivo de declarar inconstitucional el recorte de la coparticipación. El escrito tiene 97 páginas y está firmado por María Cristina Cuello y Gabriel Astarloa, representantes de la Procuración de la Ciudad.

En el documento, se considera a la quita de fondos como "inconstitucional, improvisado e intempestivo". Por ello, se solicita a la Justicia declarar la nulidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial, la recomposición de los recursos coparticipables a ingresar a la Ciudad y la suspensión de la aplicación de la normativa. Así las cosas, los abogados del gobierno porteño reclamaron continuar percibiendo el 3,5% de coparticipación, tal como se venía ejecutando hasta el 10 de septiembre, día en que Alberto Fernández anunció la modificación en dicho régimen para ayudar a la Provincia de Buenos Aires a resolver el conflicto policial.

"En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación", alegaron los letrados porteños. "En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna", continuaron.

Finalmente, la demanda resaltó que para la modificación en el régimen de coparticipación es "necesario el previo consenso de la misma manera que la Ley de Coparticipación -que fija el coeficiente para las provincias- no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada". En ese sentido, sentenciaron: "Permitir que el Estado Nacional lo modifique en forma unilateral en perjuicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una clara violación a la Constitución Nacional, al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y 4 al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias".