Lo que hay que saber sobre las jubilaciones, por María Belén Aramburu

Con la sanción de la ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva que suspendió por 180 días la ley de movilidad jubilatoria que ajustaba los haberes con un índice compuesto por un 70% basado en la inflación y un 30% por la variación salarial promedio, el presidente Alberto Fernández hizo uso de las facultades otorgadas para anunciar el otorgamiento de un 13% de aumento en las jubilaciones mínimas y en los montos de la Asignación Universal por Hijo , mientras que el resto recibirá un 2,3% adicional y una suma fija de $1.500.
 
En marzo el aumento por la ley de movilidad jubilatoria iba a ser de 11,56%. A partir de este mes, y con las modificaciones introducidas, los que ganan menos de $16.200 cobran más y los que ganan más de ese monto cobran menos ya que los aumentos irán del 13% para la base de la pirámide hasta un 3,8% para los que perciben haberes más altos. En la primera franja se ubican 4.800.000 jubilados sumando las pensiones no contributivas que son los que recibirán, según cálculos que me acercaron, $197 más por mes y en la segunda, 2.700.000. El haber mínimo pasará de $14.068 a $15.694.
  
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Para Hernán Letcher, no se puede hablar de ajuste. Según Letcher cuando se analizan los recursos destinados a los jubilados en materia agregada, en el periodo diciembre 2019 a mayo 2020, se advierte que se destinan más de $12.000 millones adicionales a las jubilaciones, respecto de lo que hubiese sido la movilidad anterior y por encima de la evolución de la inflación. En comparación con la movilidad anterior, esta suma se ubica por encima de la anterior. El segundo debate para el director de CEPA, es la distribución, ya que el gobierno tomó la decisión de que, aquellos que menos ingresos tienen, se vean más beneficiados que el resto en términos relativos.
Para quien dirige el Centro de Economía Política Argentina, las medidas adoptadas por el gobierno son positivas ya que implica favorecer a una cantidad más numerosa de titulares y la actualización queda por encima de la movilidad anterior si se perciben menos de $20.000. Si se está por encima de esta suma, la actualización es menor, pero la amplia mayoría de ese segmento, hasta los $50.000 termina cobrando más que la inflación, con un índice estimado de entre el 7, 8% en el trimestre, que es probable por el índice registrado en enero del 2,3%, por lo que cobrarán por encima de la inflación del mismo periodo.
 
Para la abogada previsional, Andrea Falcone, las normas no pueden aplicarse retroactivamente ya que, al igual que sucedió en 2017 y sostuvieron los tribunales, al suspenderse la movilidad los últimos días de diciembre, ésta ya estaba devengada y se trata de un derecho adquirido.
Falcone recuerda el caso omiso que la Corte Suprema hizo por la situación económica de 2001 que se expidió a través del caso Badaro  para establecer que no era constitucional el aumento para las jubilaciones mínimas únicamente al igual que el achatamiento de la pirámide. Si bien es posible dar aumentos distintos, sería a partir de junio, cuando la movilidad devengada se pague y el Congreso decida sobre seguir con la linea del G20 de privilegiar a los que menos ganan.
Para la doctora Falcone, medidas como éstas atentan contra la sustentabilidad del sistema a largo plazo, ya que una de sus bases es el aporte de los activos en base a la credibilidad del sistema. Teniendo en cuenta que para los haberes superiores a los $50.000 la quita es importante, muchos decidirán ir a tribunales.
 
“El viernes sorteé el primer amparo. El lunes (por hoy) completamos el número de decreto y lo dejamos en tribunales “, aseguró Falcone, agregando que según la información con la que cuenta de parte de varios jueces, éstos van a fallar a favor de los jubilados.
 
Para la doctora Laura Kalerguiz, las medidas son desiguales porque benefician al que menos tiene y perjudica al que más gana. En un contexto en el que está vigente la ley de emergencia económica, como se ha hecho en otras oportunidades, ningún juez accedería a un reclamo basado en que es anticonstitucional, un derecho adquirido u otro reclamo. Para la doctora Kalerguiz, no es un ajuste bajo ningún punto de vista sino una redistribución de los recursos, beneficiando a aquel que menos tiene. Si esta situación se repite en junio, fuera de la vigencia de la ley de emergencia económica, en septiembre y en diciembre, y de acá a fin de año no hay una nueva ley de movilidad, sería distinto.
 
“Si un cliente me viene a ver porque está recibiendo $70.000 y quiere iniciar un amparo por el porcentaje que está perdiendo, no le tomo el caso porque es muy difícil que un juez le de vía a esto”. En esta misma línea de pensamiento, la abogada opina que si un juez de primera instancia accede a este reclamo en seguridad social, “en la Cámara lo dan vuelta ya que se está en un marco de una ley de emergencia económica”.
 
Para la oposición, la medida es un paso atrás y se vendrá una catarata de juicios contra el Estado. Juntos por el Cambio Considera que la medida discrecional, hecha por decreto y de acuerdo con “las necesidades políticas y fiscales” del oficialismo. Patricia Bullrich, titular del PRO, afirmó que “el esquema de actualizaciones perjudica especialmente a quienes hicieron aportes a lo largo de su vida laboral y atenta contra el valor del esfuerzo y del trabajo”. Para la ex ministra de Seguridad “todos los jubilados que en febrero cobraron más de $16.200 recibirán aumentos inferiores a la fórmula establecida por ley”.
 
A partir de hoy se verá cuál será la actitud que tomará cada uno de los jubilados individualmente o en conjunto atendiendo a que las medidas se anunciaron el pasado viernes.

Por María Belén Aramburu