Jubilados: siempre una deuda pendiente

Los jubilados han sido desde siempre una deuda de toda la sociedad.
 

Sus haberes rezagados después de años de trabajo y aportes, de haber contribuido al todo con sus aportes no sólo económicos sino también personales, de esfuerzo y dedicación, para la construcción de la nación.
 

Es un tema delicado considerando la vulnerabilidad del sector.
 

Muchos, animados por su situación, comenzaron a entablar juicios al Estado, algunos de los cuales prosperaron al compás de fallos judiciales que abarcaron al conjunto de los demandantes y otros porque se atuvieron a dejar de reclamar con su adhesión a programas generales que emanaron de decisiones gubernamentales como las de reparación histórica que tenían como finalidad terminar con los juicios que se abultaban en las oficinas de los tribunales.
 

La última reforma previsional de fines de 2017 se sancionó en medio de incidentes fuera y dentro del Congreso. Se estableció una fórmula distinta a la anterior que modificaba el cálculo para fijar los haberes de jubilados y pensionados.
 

De no ser por la temporalidad de su aplicación, un semestre de atraso, la fórmula compuesta por un 70% que rige de acuerdo a la inflación vigente y el 30% restante por el promedio de los salarios, índice Ripte, permitiría una actualización que, de acuerdo con esta ley es de cuatro veces por año, que los jubilados no perdiesen su poder adquisitivo.
 

Con el régimen anterior los haberes se ajustaban dos veces por año y se basaba mitad en la inflación y la otra mitad en la recaudación de la AFIP.
 

La pretensión del actual oficialismo o, por lo menos en gran parte, es la de declarar la inconstitucionalidad de la ley vigente y su reemplazo por otra.
 

El proyecto de ley que incluye el tratamiento parlamentario de las emergencias económica, social y sanitaria entre otros ítems y que se respalda con el nombre de “solidaridad” suspende por seis meses el régimen de actualización de los haberes jubilatorios y faculta al Poder Ejecutivo para que diseñe un nuevo esquema que, cabe aclarar, no llevará a ponerlos en un nivel que respete el desarrollo de la inflación en su totalidad, o sea al 100%.
 

Algunos están planteando regresar a la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria anterior que fue diseñada durante la gestión de Amado Boudou al frente de la ANSES cuando reemplazó en su función a Sergio Massa en el momento en que éste fue a ocupar el cargo de Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.
 

En el afán de presentar un proyecto de ley con una actualización distinta a la actual, se está diseñando una fórmula alternativa a ser situada en un contexto de crisis como el actual.
 

El presidente Alberto Fernández puso en estudio un monto fijo por fuera de la actualización que, en vistas a la emergencia económica, y fuera de la vigencia de ley que quedará suspendida por 180 días, servirá para al menos, en los haberes mínimos, lograr elevar el número a percibir. Podría ser de $3.000 aproximadamente, aunque algunos refieran $5.000. Con esta medida se buscaría también aumentar en un 20% lo que perciben que ha sido el desajuste sufrido desde la aplicación de la última ley de movilidad jubilatoria.
 

El sector de la población económicamente activo es el que está sosteniendo, con sus aportes, a un sistema donde el sector pasivo y de planes sociales y asignaciones ocupan la mayor parte de la torta de distribución. Es lo que pasa en casi todos los países del mundo. Sobretodo con una pirámide poblacional en la que se percibe un envejecimiento de la población cada vez más creciente.
 

En estudio estuvo durante el gobierno anterior, un aumento de la edad jubilatoria. Distintos regímenes favorecen sin fijar su obligatoriedad, alicientes para incentivar una jubilación más tardía y en los casi s en los que, acorde con el tipo de actividad que desempeña, condiciones y estado de salud física y psíquica, podría convertirse en un beneficio para los que pueda abarcar.
 

Hay un tema importantísimo que desde ya va de la mano con el planteo económico pero que, también es susceptible de una consideración aparte, que es la de la percepción, mirada y atención que la sociedad le presta al que pertenece a la llamada tercera edad que, con los avances científicos en materia de medicina, extendieron su prolongación de vida.
 

¿Qué lugar ocupa la tercera edad en la sociedad?
 

¿Qué apoyo y contención se le brinda al que es mayor?
 

¿Quiénes acompañan al que no puede valerse por sus propios medios? ¿Aquellos que fueron cuidados por ellos? ¿O se olvidan que cuando recién nacidos, en sus primeros años de vida y en el transcurso del paso del tiempo recibieron cuidados y atención por quienes ahora deben ser cuidados por ellos?
 

¿Qué mensaje le es transmitido a los jóvenes sobre un estado de situación que alcanzarán algún día inexorablemente?
 

¿Somos una sociedad que aprovecha la sabiduría de los mayores? ¿En consejos, asesoramiento y puestos de trabajo de ser requeridos con una experiencia mayor a la del resto?
 

¿Son bien o mal tratados?
 

Preguntas a responder en la integridad de un conjunto que busca el bienestar de todos.

Por María Belén Aramburu