¿Cuestión de fondo o forma?, por María Belén Aramburu

¿La resolución del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein sobre la actualización del Protocolo para la asistencia integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo a qué se debió?
 
¿La revocatoria por decreto de dicha actualización qué argumentos presenta?
 
¿Por qué a tan pocos días de retirarse de su cartera gubernamental el secretario hace la presentación de este tema?
 
¿Lo consideró necesario? ¿No podría haberlo hecho el próximo gobierno que plantea presentar un proyecto de ley sobre el aborto como se hizo el año pasado sin prosperar en el tratamiento parlamentario?
 
¿Por qué no consultó con su jefa directa, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley ni tuvo la anuencia del presidente Macri?
 
Si bien la resolución contó con el aval de la Secretaría Legal y Técnica por su carácter administrativo, cuando Rubinstein fue visto ingresando a la Casa de Gobierno, ¿se supone fue a buscar un apoyo que consiguió más allá de quien encabeza el Ministerio del cual forma parte como secretario luego de haberse eliminado su ministerio? ¿Lo habrá considerado estrictamente necesario ante algunos vacíos que se generaron a partir del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia para su implementación en los distritos provinciales a través de su adhesión en algunos casos y en otros no?
 
¿Que irrita al gobierno? ¿La forma o el fondo?
 
Si nos referimos a la forma hubiese sido conveniente y de cumplimiento necesario la aceptación por parte del Ministerio que integra, o sea, haber consultado directamente con Carolina Stanley más allá de la posibilidad de una negativa a la resolución. Y si pasó obviamente por la Secretaría de Legal y Técnica, ¿se podría asumir un acuerdo con el Jefe de Gabinete? ¿Dónde queda entonces la cadena de mandos en el orden administrativo público?
 
La cuestión inconsulta a nivel ministerial y presidencial además de la Secretaría de la Niñez, adolescencia y personas con discapacidad coloca al secretario de Salud en una situación de “offside” y por lo tanto incómodo.
 
¿Quiso Rubinstein avanzar en el fondo de un tema que dividió al Congreso y a la sociedad respecto del aborto?
 
Es lo que algunos funcionarios presumen.
 
Cabe aclarar que esta resolución sólo atañe al aborto no punible ya contemplado en el Código Penal. Se trata de los casos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con discapacidad cuyas vidas están en riesgo o han sido sujetos de violación.
 
La consideración de violación se aplica en todos los casos de embarazo de niñas menores de 13 años. El Protocolo refiere a su vez una mención especial para las adolescentes menores de 15 años en quienes el embarazo implica un riesgo aumentado para su salud física y mental. Las adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento de forma autónoma si se trata de prácticas que no representan un riesgo grave para su vida o salud. Las mayores de 16 años pueden otorgar por sí mismas su consentimiento informado.
 
Sin la judicialización la sola intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se da en las circunstancias que determinan la interrupción legal, por lo que, en los casos de violación no se exige una denuncia policial o judicial, basta con la declaración jurada. Ha habido casos que incluso tomaron estado público de quienes se vieron perjudicadas por los largos y engorrosos trámites administrativos poniendo en peligro sus vidas.
 
El Protocolo tiene en cuenta la confidencialidad y privacidad, la contención posterior, sobretodo en casos en que la víctima convive con el agresor y la responsabilidad profesional. Acá se pone de manifiesto un tema polémico que concierne a la objeción de conciencia que se explicita debe ser individual y no institucional y que no debe traducirse, según se explica en el texto, en obstrucción de la práctica que es una normativa legal de la cual el Estado es garante.
 
A esto hay que sumarle la práctica ambulatoria sobre embarazos de menos de 12 semanas, con control médico.
 
¿Hay un vacío en la aplicación de la ley, del Código Penal, del fallo de la Corte Suprema?
 
Tomando en consideración que sólo 11 provincias adhirieron al fallo para su cumplimiento queda en una nebulosa la práctica contemplada en el Código Penal con las últimas actualizaciones del Código Civil.
 
¿Se trata a través de esta resolución del secretario de Salud avanzar en el tema de la legalización del aborto debatido en el Congreso y que no prosperó?
 
No pareciera ser así ya que se refiere al aborto no punible contemplado en el Código penal y acompañado por normas y protocolos vigentes.
 
La pretensión pareciera ser la de su actualización respecto de consideraciones de edades de las víctimas del delito o en los casos de riesgo de salud y/o vida y suministro de tratamientos y medicamentos dispuestos por la Organización Mundial de la Salud que desde ya pueden ser sometidas a discusión y debate pero no se vislumbra hagan referencia al mismo o similar contenido del proyecto de ley de legalización del aborto enviado al Congreso.
 
El próximo presidente, Alberto Fernández, adelantó que habrá debate en el Poder Legislativo sobre este tema.
 
El por qué del planteo actual a pocos días de asumir Fernández y un nuevo Ministro sorprende más allá de lo que podría plantear como una necesidad, teniendo en cuenta que el gobierno por venir tratará a fondo estos temas con un ministerio puntual.
 
En lo político trajo ruptura en la conformación del actual Frente Juntos por el Cambio.
Adolfo Rubinstein es radical, de las huestes de Ernesto Sanz y con gran aceptación y respaldo de dirigentes de su partido.
 
En lo político también vino nuevamente la división entre los que apoyaron el proyecto del año pasado y los que no.
 

Este conflicto derivó en la renuncia de Rubinstein como secretario de Salud, y la polémica quedó planteada.

Por María Belén Aramburu