Políticas de Estado para las PyMES, por María Belén Aramburu

Si entre el 80% y el 90% de la economía la mueven las Pequeñas y Medianas Empresas, está claro que el Estado debe contemplar políticas públicas que se extiendan más allá del gobierno de turno.

 

Los precandidatos que pretenden consolidar sus candidaturas a través de las PASO del 11 de agosto ya debiesen estar incluyendo en su agenda a las PyMES como una de sus prioridades. Los programas propuestos por los partidos políticos debiesen tener claras propuestas para este sector y lo único que les aseguraría un futuro más claro es la consulta de parte de dirigentes preparados en temas económicos, financieros y de administración pública, ya que el presente se les aparece con un grado de incertidumbre tal que no pueden vislumbrar acciones claras siquiera a corto plazo con distintas problemáticas dependiendo del rubro al que hagamos referencia.

 

En un contexto inflacionario y de derrumbe del consumo y, por ende, de la producción, algunas no pueden afrontar el pago de los costos fijos. Sin créditos por los avales exigidos y las altas tasas de interés, el pago a término de sus obligaciones se torna cuesta arriba. A ello le sumamos las dificultades para pagar las tarifas de servicios públicos, empleados e impuestos.

 

Siendo que para una PyME sus empleados son como parte de la familia, sería el último eslabón que algún día quisieran y se atreviesen tocar. Los conocen de cerca, muchos trabajan hace bastante tiempo, otros, por nuevos, no dejan de ser aquellos a quienes han formado y formarán haciéndolos uno con el objetivo trazado por la empresa.

 

A algunas se les pide reconviertan su producción aprovechando ventajas comparativas en el mercado externo. Insisto con algunos funcionarios que no todas pueden hacerlo y a las que puedan habría que brindarle las herramientas necesarias para lanzarse a una nueva aventura en la que avizoren beneficios concretos y palpables, lo suficientemente tangibles como para hacer una inversión en la que el riesgo tenga su contrapartida en rentabilidad.

 

El reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea va a llevar tiempo. Se requiere de la aprobación de los Congresos de cada uno de los países que integran el mercado de nuestra región y el del Parlamento Europeo. Una vez realizado este paso  se establecerán los detalles más específicos del acuerdo que, por el momento, no se conocen.

 

Si bien lo pautado con el mercado europeo recibe críticas de algunos sectores, hace más de 20 años que se deseaba concretar. Fueron varios los gobiernos que gestionaron esfuerzos que no se concretaron, en pos de ampliar las fronteras con nuevas oportunidades que la región por sí sola no ofrecía. Para  muchos se pueden abrir expectativas si es que la economía a nivel doméstico se encuentra sólida para la colocación de productos nacionales en el mercado interno, evitando la sobre oferta de productos importados y de bajos precios, protección a los productores nacionales, como hacen en muchos países del mundo hoy en día como los conocidos subsidios que reciben los europeos, defensa a las barreras de ingreso a productos argentinos, competitividad a una producción que además de caracterizarse por su larga historia de ser exportadora de productos primarios se les agregue valor para diferenciarse del rol dependiente de los commodities.

 

En un país en el que urge la atracción de inversiones y, atendiendo a una política monetarista en que una de las variables para contener la inflación ha sido la de las altas tasas que, aunque habiendo disminuido, continúan siendo altas, se desvían los fondos que debiesen dirigirse al sector productivo, al sector financiero.

 

El tipo de cambio por ahora planchado a la medida de la política económica gubernamental y sus posibilidades de control desde el Banco Central y el Tesoro, lo colocan en un lugar atractivo o deleznable según el punto de observación desde el que el sector se encuentre para mirar al mercado externo y/o al externo.

 

Siendo dinamizadoras de la economía y agentes de cambio, las políticas públicas deberán atender los intereses de las PyMES para lograr el desarrollo económico que, si bien está íntimamente ligado al crecimiento económico, lo trasciende poniendo además el foco en los recursos humanos y su progreso, buscando un marco legal e institucional adecuado.

 

 

Por María Belén Aramburu