#EditorialHi: "La marcha del 25 confronta al gobierno", por María Belén Aramburu

Pablo Moyano de Camioneros, Sergio Palazzo de La Bancaria, Hugo Yasky de la CTA de Trabajadores y Pablo Michelli de la CTA Autónoma, Walter Correa de Curtidores, entre otros, representantes de la Corriente Federal, organizaciones sociales como Barrios de Pie con su titular Daniel Menéndez, legisladores de la oposición, marchan juntos concentrándose en el Obelisco, repudiando lo que denominan una política de ajuste de parte del gobierno nacional, y en contra del acuerdo de un crédito Stand by del Fondo Monetario Internacional.La marcha se da en un contexto político de confrontación con el gobierno nacional, en medio de un tratamiento parlamentario que la semana que viene tendrá lugar en el Senado para retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre del año pasado, con una actualización para los usuarios residenciales del índice de variación salarial, y para las pequeñas y medianas empresas, del índice de precios mayoristas. Sin modificaciones, quedaría sancionado el proyecto de ley enviado y elaborado por la oposición al Congreso, con la declaración de una emergencia tarifaria que permite al Poder Legislativo dar continuidad, en este sentido, a encauzar cambios a un cuadro tarifario establecido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía. No sólo desde el gobierno se admite que las tarifas aumentarán, sino que también, y sin disimulos, se vetaría la ley de ser sancionada ya que no se pretende dar marcha atrás a un cuadro de aumentos de tarifas. Desde la oposición se justificó seguir adelante con el proyecto ante la falta de uno, se dijo, propuesto por el gobierno. Es que, como expliqué anteriormente, el gobierno no va a presentar ningún proyecto ya que, para él ya se establecieron las reglas de juego tal como consideran deben ser. Y, por otra parte argumenta, que con esa ley se produciría un desfinanciamiento, sin existir, en la misma un plan de financiación alternativo a la salida que de esos recursos habría.El veto del Poder Ejecutivo es una facultad que le otorga la Constitución Nacional. Aunque nada esté escrito que le garantice cuál sería el impacto en la ciudadanía y su voto.En el rechazo al acuerdo con el FMI aparece el temor de mayores medidas de ajuste tales como el de la suspensión y despidos de trabajadores de los sectores público y privado, el primero en poder del estado y el segundo en un ámbito de ahogo e inviabilidad que la oposición considera se transitaría a partir de las exigencias que impondría el acuerdo con el organismo financiero internacional. Una ley de flexibilización laboral que conlleve a la disminución del empleo además de la reducción de la oferta laboral, modificaciones en la edad jubilatoria e indemnizaciones, versiones desmentidas por los funcionarios gubernamentales, que aún no pudieron avanzar con un proyecto de reforma laboral. El gobierno afirma que solamente se trata de un espaldarazo frente a la inestabilidad económica que se vivió en los últimos días y que, con bajas tasas de interés, le da una señal a los mercados internacionales de confianza ante cualquier embestida que se produzca en un país vulnerable, de alta volatilidad como el nuestro, y en el que, los instrumentos de política monetaria, utilizados por el Banco Central, tales como las tasas de interés de las Lebac, y la intervención con el desprendimiento de parte de sus reservas, no pudieron frenar el alza del tipo de cambio en un contexto en que el Tesoro de los Estados Unidos subía las tasas y se mostraba a su moneda cada vez más atractiva y con inversiones sin riesgo, y la devaluación de países de la región que nos alejaba de ser competitivos. El dólar quedó más o menos estable en el techo de $25, tal los designios gubernamentales, y la tranquilidad relativa llegó a los mercados pero con coletazos en el plano político a resolver.Otro punto crucial es el de las paritarias, resistido fuertemente por los gremios que el gobierno no ha podido hasta el momento alinear, y que buscan un reacomodamiento entre sus dirigentes.Respecto del primer punto el rechazo al aumento acordado por muchos en torno del 15% con una proyección inflacionaria que lo supera en 10 puntos porcentuales con una cláusula de revisión también resistida por los gremios ya que los obligan a negociar nuevamente, y sin convocatoria mediante se quedan sin actualización, a diferencia de la cláusula gatillo establecida el año pasado, en que se actualizaban automáticamente los salarios a partir del primero de enero del año siguiente, para no quedar desfasados del índice inflacionario. La revisión , dicen, puede no ser tal, y, de llegar, se cobraría mucho más tarde que el aumento de precios de bienes y servicios.En relación con el reacomodamiento de la dirigencia sindical, se escuchan fuerte las voces críticas hacia el Triunvirato de la CGT, y se empieza a escuchar fórmulas alternativas como la de Moyano-Palazzo u otras. Yasky presente con esta línea dirigencial hace suponer que la CTA no sólo se juega un puesto sino que desea fundirse en un nuevo esquema de poder sindical. Por María Belén Aramburu